Caracas.- La organización no gubernamental (ONG) Paz Activa presentó, el miércoles 23 de noviembre, los resultados de la investigación de la Iniciativa Justicia Transicional, enfocada en las experiencias de registro y documentación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de conflictividad política en Colombia, México, Perú y Venezuela, país en el que concluyen que no existe independencia ni fortalecimiento de los poderes públicos estatales, que puedan brindar atención y apoyo en los casos que se requieran.
La investigación, cuyo lapso de estudio se ubica desde 1989 hasta 2022, contó con la consulta a nueve ONG con experiencia en el registro y documentación de casos de víctimas de violaciones de DD. HH. en Venezuela, así como el mismo número de instituciones gubernamentales, cuyo mandato es garantizar los derechos de víctimas de violación de DD. HH., como la Defensoría del Pueblo y la Comisión Especial de Justicia y Paz del Parlamento electo en 2015.
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En la presentación de los hallazgos del proyecto, la investigadora María Josefina Ferrer, del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), advirtió sobre un retraso de 37 años en Venezuela en relación con la constitución e implementación de un registro único que dé cuenta de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
«En Venezuela, en general, la experiencia en registros por parte de las instituciones del Estado se desconoce, porque las estadísticas no se publican con la regularidad requerida. En materia de víctimas de violación de derechos humanos esta situación se presenta de la misma manera, con lo que se pretende desconocer su existencia», destaca entre sus conclusiones la investigación.
La ONG Paz Activa resaltó que el Estado venezolano tiene un historial de al menos 21 planes de seguridad, un sistema nacional de atención a las víctimas de violencia y la creación de un registro único de víctimas, cuya función fue delegada a una oficina de atención en 2016 sin que se conozcan resultados hasta el momento.
«En Venezuela, han transcurrido al menos 16 años y aún no tenemos un registro de víctimas, o al menos casos documentados de que existan personas a quienes se les han vulnerado sus derechos, en cualquier contexto», resaltó Ferrer.
Rol de la sociedad civil
En el ámbito que refiere la investigación de la iniciativa liderada por Paz Activa, el rol de la sociedad civil es fundamental, según las conclusiones del estudio. «Ha permitido visibilizar a las víctimas y la represión contra ellas y, a partir de su identificación, iniciar un proceso de acompañamiento para buscar justicia y reparación».
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Ferrer resaltó como uno de los hallazgos destacables de la investigación la exclusión de las víctimas de DD. HH., su desatención en Venezuela, por parte del Estado.
«El Estado no ha fijado posiciones ni ha tomado en consideración a las víctimas, a todas. Por el contrario, las está excluyendo. Le falta mucho al Estado, pues debe crear nuevas instituciones destinadas a la atención integral vinculada con la Justicia Transicional y fijar su atención en la víctima como principal objetivo», agregó la investigadora.
Necesidad de consenso
La investigación destaca como sugerencia que, desde el punto de vista jurídico, es necesaria la construcción de un marco legal e institucional para que la conformación e implementación de un registro sea inclusivo, seguro, eficiente y establezca los derechos de las víctimas.
«Se considera que en el contexto de conflictividad política y social actual, así como la política de persecución por parte del gobierno, este no parece ser el momento adecuado para la implementación de un registro de víctimas en Venezuela», advierte la investigación entre sus conclusiones.
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Materializar la creación de un registro de víctimas en Venezuela, según lo expuesto por el estudio, requiere, en primer lugar, de un consenso entre la sociedad civil que modele la estructura, funcionamiento y basamento legal que, en segunda instancia, deberá discutirse con las instituciones del estado para garantizar su concreción, así como el establecimiento de una política pública y una normativa que garanticen, mediante un proceso de justicia transicional, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
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