Caracas.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes, 14 de julio, las inhabilitaciones a la participación política de los candidatos a las primarias del 22 de octubre, en las que se elegirá al aspirante que enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024, y de aquellas personas que protestan para exigir derechos en Venezuela.
«El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, (…) así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica», expresó la comisión, según un comunicado difundido por la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que rechaza las inhabilitaciones de los candidatos María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.
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Estas medidas administrativas, impuestas en diferentes períodos, no impiden a los aspirantes presentarse a las primarias por ser un asunto interno de la oposición, pero sí estarían bloqueados para inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidatos a las presidenciales, porque la medida les impide ocupar cargos públicos de elección popular.
La CIDH reiteró que «ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución».
«La comisión tiene especial preocupación por la detención arbitraria de tres sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el 11 de junio, en el marco de una protesta pacífica para reivindicar derechos laborales«, señaló.
En este sentido, afirmó que las inhabilitaciones y las detenciones resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico, por lo que consideró urgente que el Gobierno «adopte un compromiso genuino con la democracia, levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política«.
La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria agradeció el respaldo del Parlamento Europeo, que condenó, en una resolución, la decisión arbitraria e inconstitucional de inhabilitar a políticos antichavistas.
Esta resolución fue rechazada por la Asamblea Nacional (AN), de contundente mayoría oficialista, a través de un acuerdo aprobado por unanimidad durante la sesión del jueves 13.
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