Caracas.- La muerte de Andry Jaspe se registró la madrugada del 5 de marzo, en la avenida Carabobo de San Cristóbal. Cuando funcionarios de Protección Civil llegaron al sitio, encontraron entre sus documentos credenciales en las que se evidenciaba que pertenecía a Corpoandes, empresa administrada por Freddy Bernal cuando era denominado protector del estado, y otra de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Jaspe era una de las personas involucradas en el asesinato del joven Bassil Da Costa en 2014. En diciembre de 2019 fue condenado a seis años de prisión por uso indebido de arma orgánica contra manifestantes el 12 de febrero de 2014. Haciendo el cálculo desde la decisión del tribunal hasta la fecha de su muerte, se concluye que el hombre no cumplió con lo estipulado por el juez, pues los seis años terminarían en diciembre de 2022. Incluso, si en realidad fue detenido en 2018, luego de que su defensa apelara la decisión y fuese negada, tampoco habría cumplido la pena.
Pese a que penalmente es posible que cumpliera una parte de su condena de manera corporal o presencial y salir en libertad para cumplir regímenes de trabajo, la principal irregularidad en el caso de Jaspe es la credencial del Dgcim, pues las leyes venezolanas son claras con respecto a los antecedentes para ser funcionario público.
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En 2014, Jaspe era comisario jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y, al ser condenado, también debía tener una sanción administrativa o accesoria que, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal (Copp), implica la inhabilitación política para ejercer cargos públicos, pero en su caso, salió de un componente para ingresar a otro.
El abogado Iván Toro, director del departamento jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes en Mérida, explicó a El Pitazo que un funcionario público puede estar en un cargo solo cuando está implicado en un homicidio culposo, más no en un delito intencional como es el caso del uso indebido de arma orgánica de manera desproporcionada.
“Debería tener una inhabilitación por haber sido condenado en un hecho punible. Eso depende del juez, pero además de las sanciones corporales (la detención), se debieron establecer las sanciones accesorias que es donde se les impide estar en cargos públicos. Estamos ante una ilegalidad e irregularidad, porque en el Código Penal se establece que para ingresar a un organismo no se puede tener antecedentes penales, a menos que sea el caso culposo”, precisó.
La abogada penal Any Suárez coincide con que Jaspe no debía ser parte del Dgcim ni de Corpoandes, por el delito en el que fue condenado. “Es importante preguntarse si una persona que hace uso de un arma orgánica en una manifestación y es condenada tiene la capacidad de entrar a un organismo de inteligencia a usar armas nuevamente. No tenía ni moral ni méritos para volver a ser un uniformado, así haya cumplido con su pena presencial, si es que la cumplió”, aseveró.
La muerte de Jaspe se registró luego de que chocara contra un poste de luz aproximadamente a las 4:00 am. De acuerdo con el reporte de Protección Civil, murió en el sitio.
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