Ibrahim López Piñero
El resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela impactará de manera significativa la economía y la política de todo el hemisferio. Es una afirmación en la que coinciden la mayoría de los internacionalistas, politólogos y expertos en análisis de contexto. En ese sentido, las recientes decisiones del Gobierno colombiano y del Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE), de no acompañar en calidad de observadores el 28 de julio en el país, podrían sugerir una reconfiguración de las fuerzas internacionales.
El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, informó el 30 de mayo en declaraciones a medios de comunicación de su país que debido al corto tiempo de preparación no fue posible estructurar una delegación con las características técnicas necesarias para viajar a Venezuela. Ese día detalló que ha mantenido conversaciones con sus homólogos de Venezuela, Brasil y la UE, pero aclaró que no habrá una misión oficial enviada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Algunas personalidades colombianas van a estar en esa observación. Esperamos que puedan superar algunas de las discusiones que hemos escuchado últimamente, pero en esto queremos guardar mucha prudencia, reservados, es importante. Cero protagonismo”, dijo Murillo.
Cinco días después y sin explicación alguna, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil también anunció que no enviaría una delegación de observación para la elección venezolana. El Congreso de ese país tampoco ha informado si mandará una misión integrada por parlamentarios, como ha hecho para otras elecciones en países de la región.
Los presidentes de Brasil y Colombia, ambos ubicados en el espectro político de la izquierda latinoamericana, han expresado reiteradamente preocupación por las condiciones en que se desarrolla el proceso para elegir presidente de la República en Venezuela. Incluso propusieron de manera independiente la firma de un acuerdo entre los candidatos para garantizar condiciones claras antes, durante y después de la elección.
El quiebre
A finales de marzo, el brasileño Luiz Inacio “Lula” Da Silva calificó de “grave” el hecho de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) impidió la inscripción de Corina Yoris (entonces sustituta de la candidata electa en la Primaria, María Corina Machado). «Quedé sorprendido con la decisión (…) una decisión buena de la candidata, que tiene prohibido ser candidata por la justicia, de designar una sucesora. Lo consideré un paso importante. Ahora, es grave que esa candidata no pueda ser registrada», consideró Lula.
La Cancillería de Colombia también expresó en marzo preocupación por las dificultades que enfrentó el sector mayoritario de la oposición al intentar postular a sus candidatos. A través de un comunicado destacó la necesidad de que se desarrollara un “proceso electoral presidencial, libre, justo y competitivo”.
Previamente, el presidente Gustavo Petro advirtió que era “evidentemente un golpe antidemocrático” lo ocurrido con las candidaturas de la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria. «El derecho a elegir no es solo individual, es de sociedad (…) se evidencia muy bien en los hechos de Venezuela con la señora María Corina y con otros previamente», manifestó.
A las declaraciones de Lula Da Silva respondió de manera indirecta Nicolás Maduro, aludiendo al supuesto intento de magnicidio en la concentración ciudadana en apoyo a su inscripción como candidato. “Me persiguen para tratar de atentar contra mi vida y la izquierda cobarde no es capaz de condenar los golpes, los intentos que atentan contra la revolución, contra la paz. Ellos callan de manera cómplice”, afirmó Maduro.
Mientras que a la posición de la Casa de Nariño respondió en primer lugar el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, quien acusó a Colombia de dar “un paso en falso” y cometer “un acto de grosera injerencia en asuntos que solo les competen a los venezolanos, empujada por la necesidad de complacer al Departamento de Estado”.
Petro también se refirió someramente a los señalamientos de Maduro. “No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo”.
El presidente en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador, quien manifiestamente ha apoyado a la llamada Revolución Bolivariana, evitó referirse a la dinámica política interna de Venezuela y la campaña electoral en una rueda de prensa que ofreció antes de las elecciones presidenciales de su país, en las que resultó electa la candidata de su partido Claudia Sheinbaum.
“No estoy muy informado, sé que va a haber elecciones, pero no sé exactamente cuándo, pues ojalá y que se pongan de acuerdo y sea el pueblo de Venezuela el que elija a su autoridad, es lo que yo deseo, nada más, no tengo mayor información”, sostuvo el 28 de mayo cuando se le preguntó sobre las inhabilitaciones políticas a dirigentes venezolanos de oposición.
El politólogo y analista internacional Carlos Romero relativiza el impacto del resultado electoral en Venezuela y afirma que no se está jugando el futuro de América Latina. Asegura que existen sectores que consideran que la reelección de Nicolás Maduro fortalece las alianzas de izquierda en la región y que el triunfo de la oposición podría consolidar el número de Gobiernos de centroderecha. No obstante, indica que países como Brasil y Colombia tienen reservas sobre la manera en que se están organizando las elecciones.
“No creo que son países política e ideológicamente aliados de la Revolución Bolivariana, son países cuyos Gobiernos son de centro político, uno no puede acusar al Gobierno de Colombia ni al Gobierno de Brasil de ser socios de Venezuela. Hay datos suficientes para demostrar que han tenido posiciones con reservas respecto a Venezuela y particularmente respecto a las elecciones y la conducta de la administración de Maduro”, explica.
El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Cepyg-UCAB), Benigno Alarcón, cree que el cambio de posición de los presidentes Luiz Inacio “Lula” Da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia podría estar influenciado principalmente por razones de política interna más que por razones ideológicas.
“Identificarse con la forma de actuación de Maduro al final no produce ningún crédito político, sino que, por el contrario, es un pasivo. El desmarcarse de lo que está sucediendo u opinar de manera constructiva coloca a estos líderes políticos como líderes democráticos. También podría apuntarse a esa dirección que Venezuela se está convirtiendo en un problema para la región, entre otras razones, por el tema migratorio. Tanto Brasil como Colombia quieren que el conflicto político en Venezuela se resuelva en paz y que, independientemente del quién esté en el Gobierno, tenga niveles aceptables de legitimidad política”, señala.
El dilema del reconocimiento
Advierte el profesor Alarcón que si en el trayecto que conduce al 28 de julio continúan produciéndose decisiones como la que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de retirar la invitación a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), se intenta mediante vía judicial inhabilitar al candidato que polariza la intención de voto de la oposición o invalidar alguna de las tarjetas electorales que lo apoyan, sería difícil para la comunidad internacional reconocer el resultado de la elección.
“Creo que el Gobierno está en un gran dilema entre tener una elección que todos reconozcan y tener una elección que pueda ganar, pareciera que esas dos opciones van en direcciones opuestas. Si no respeta las condiciones de la elección, hay probabilidades muy altas de que se cuestione el resultado. En principio, lo que buscamos es una elección cuyos resultados sean respetados”, sentencia.
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