Caracas.– Nicolás Maduro aseguró el miércoles 17 de agosto que varios inversionistas de al menos siete países han visitado Venezuela para conocer sus tierras y evaluar oportunidades de negocios en el sector agrícola.
El mandatario indicó que el país puede vender a esas naciones «buena parte» de la producción que resulte de esas alianzas, lo que generaría ingresos, y la otra parte se destinaría a abastecer el mercado interno.
Señaló que Venezuela tiene 30 millones de hectáreas de buena tierra, con agua (y) con clima estable y favorable todo el año que están listas para ser cultivadas. «Han visto tierras en Venezuela y tenemos el modelo de negocio para hacer una alianza y que ellos vengan a producir 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas».
Hace unos días también se conoció sobre el pacto entre Maduro e Irán, que contiene un acuerdo para ceder 1 millón de hectáreas de tierras en suelo venezolano al cultivo iraní. Ante el anuncio del gobernante algunos gremios y dirigentes políticos manifestaron su rechazo.
Un delito de soberanía, así consideró Andrés Velásquez la entrega de tierras por parte de la administración de Maduro a Irán. Mientras que el partido Fuerza Vecinal (FV) rechazó el miércoles 17 la decisión y exigió que se priorice a los productores agrícolas venezolanos antes que a los extranjeros.
«Queremos denunciar públicamente ante los medios y ante el país que no podemos permitir que pretendan traernos acá productores extranjeros para trabajar en nuestras tierras», expresó el dirigente de FV en Barlovento y productor agrícola, Elías Hernández.
Explica que desde el año 2004 no reciben créditos ni material de apoyo, tampoco insecticidas. «Al no recibir financiamiento, nosotros no tenemos cómo mantener nuestras parcelas productivas y limpias», denunció.
Por su parte, el diputado Luis Barragán tildó de “descarado y desmesurado” el hecho de la enajenación de tierras de cultivo con pretensiones pseudo-jurídicas a potencias extranjeras; denunció que viola no solo la Constitución de la República, sino la Ley de Tierras y la Ley Orgánica de Seguridad Nacional, entre otros instrumentos legales.
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