Caracas.- El cuestionado gobierno de Nicolás Maduro rescindió los contratos que tenía con la brasileña Odebrecht y procedió a la toma de 56 instalaciones de la compañía en los que se almacenaban equipos y material de construcción, según informó el viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías.
En declaraciones al canal estatal VTV, Farías explicó que las obras inconclusas fueron contratadas por el Ministerio del Transporte y sus entes adscritos como el Metro de Caracas, Metro de Los Teques y el Instituto Nacional del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
El cuestionado Gobierno venezolano rescindió «más de 15 contratos» y se realizó la toma de 56 «campamentos» que eran propiedad de Odebretch y que pasaron a ser «ocupados» por el Ministerio de Transporte.
Farías dijo que la empresa brasileña «ha dejado perder equipos, materiales para la construcción, para la base de las obras» y citó los casos del Metro de Guarenas-Guatire, las bases de la línea 5 y la culminación del MetroCable Petare, así como «urbanismos que han sido abandonados por este empresa».
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«Odebrecht le adeuda a la patria según nuestras cuentas más de 1.300 millones de dólares, por lo cual, estamos ocupando estas instalaciones y vamos a disponer de estos materiales y estos equipos para culminar esas obras», estimó Claudio Farías.
La empresa, dijo en el caso de uno de los contratos, recibir «el 96% de los recursos financieros para que ellos ejecutaran esa obra y apenas ejecutaron el 46%».
Odebrecht, acotó Farías, podrá ejercer «su derecho a acudir a los tribunales» en caso de no aceptar la decisión adoptada por el Nicolás Maduro
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El constituyente Edison Alvarado confirmó que evaluarán las obras contratadas con la empresa brasileña para terminar los proyectos previstos.
La empresa brasileña ha sido investigada por el pago de sobornos en al menos 12 países. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht erogó 788 millones de dólares a cambio de contratos en una docena de naciones de 2001 a 2016.
De acuerdo con EE.UU, la compañía pagó sobornos para garantizar contratos en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
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