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miércoles, 26 junio, 2024

Funcionarios del Sebin podrían pagar condena de seis meses por caso Albán

A los dos miembros de la policía política los acusan de cometer el delito de quebrantamiento de las obligaciones de custodia, lo cual, a juicio de la defensa, nunca ocurrió. Sus familiares y amigos aseguran que al concejal Fernando Albán lo asesinaron, no se suicidó

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Sus zapatos no han aparecido, tampoco las fotografías sobre el levantamiento del cadáver. Sus familiares insisten en que Fernando Albán fue asesinado y el gobierno de Nicolás Maduro defiende la hipótesis de que el concejal del municipio Libertador de Caracas se “lanzó al vacío” desde el piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Plaza Venezuela, donde permanecía recluido de forma arbitraria por estar acusado de participar en el magnicidio frustrado del 4 de agosto de 2018.

Este 8 de octubre se cumplió un año de la muerte de un dirigente político que, según los más allegados, creía profundamente en Dios y ayudaba al más necesitado; solo por eso, hubiese sido incapaz de quitarse la vida, afirman.

Doce meses después del hecho, sus familiares continúan exigiendo a Maduro que permita trasladar el cuerpo de Albán a Estados Unidos, donde reside su esposa, y que los abogados tengan acceso al expediente del caso, como corresponde. Sin embargo, la única respuesta del Gobierno ha sido imputar a dos funcionarios del Sebin por el delito de quebrantamiento de las obligaciones de custodia, previsto en el artículo 268 del Código Penal, y cuya pena va de 15 días a seis meses.

Ramón Aguilar, uno de los abogados, indica que el Estado venezolano no está investigando la muerte, sino que parte del hecho de que Albán se escapó: “El delito que les imputaron no existió. Y si asumimos que el juez admitirá la acusación en la audiencia preliminar, podría otorgar casa por cárcel o liberarlos debido a que el delito no es grave ni hay peligro de fuga. Ambos serían tomados en cuenta como delincuentes primarios ya que no tienen antecedentes por ser funcionarios de seguridad”.

Los familiares de Albán acudieron al parlamento venezolano para insistir en que se haga justicia en el caso de Albán. Foto: Andrés Rodríguez

La defensa recuerda que en diciembre de 2018 introdujeron una denuncia ante el Ministerio Público, en la cual se argumentó que los funcionarios del Estado, incluyendo jueces y fiscales, habían cometido los delitos de desaparición forzada, privación ilegítima de libertad, encubrimiento de desaparición forzada, tortura, homicidio calificado, ejecución extrajudicial y asociación para delinquir. Tampoco hubo respuesta.

La demanda tiene base en algunos extractos y fotografías a los que tuvieron acceso los abogados por cooperación de otros miembros de los organismos del Estado. De acuerdo con la revisión preliminar de la autopsia, en la que participaron los fiscales Dinorah Bustamante y Farid Mora, Albán recibió electricidad y murió luego de ser asfixiado; la cabeza tenía una coloración distinta al resto del cuerpo.

A Aguilar le llama la atención que el rosario de Albán estaba en una mesa donde había comido, otro elemento para dudar del supuesto suicidio. Incluso, en el mes de noviembre, cuando la defensa del caso estaba a cargo de Joel García, se denunció que había incongruencias en el expediente: el fiscal nacional ordenó la investigación por homicidio, se demostró por el levantamiento planimétrico que no había un baño cerca, como intentó hacer creer Tarek William Saab.

Albán tampoco estaba a la espera de ser trasladado al Palacio de Justicia, donde lo esperaban sus abogados para la audiencia de presentación. En el folio 83 del expediente, se describe la declaración de un funcionario del Sebin en la que señala que la fiscal Bustamante llamó para ordenar que no fuese llevado al Tribunal 1° de Control con competencia en terrorismo, que está a cargo de la jueza Carol Padilla.

El concejal fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el 5 de octubre, cuando regresaba de Nueva York, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo algunas reuniones con el ahora comisionado de Asuntos Exteriores Julio Borges. Fue la noche del 6 de octubre cuando se conoció que se encontraba en el Sebin, y al día siguiente, su abogado lo vio y certificó que no tenía agresiones físicas ni desequilibrios psicológicos.

Repatriación del cuerpo

El concejal Fernando Albán murió el 8 de octubre mientras se encontraba en custodia arbitraria de los cuerpos de seguridad del Estado. Foto: Andrés Rodríguez

En diciembre de 2018, Meudys Osío, esposa de Albán, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigiera al Estado venezolano la repatriación del cuerpo a Estados Unidos. En abril de este año, la defensa y los familiares acudieron nuevamente a este organismo para que el gobierno de Maduro investigue la muerte y entregue el cuerpo, que se encuentra sepultado en el Cementerio del Este, en el estado Miranda. La Cidh consideró que no había argumentos suficientes para proceder a favor de los familiares.

Ante la nula respuesta del Estado, su abogado recurrirá a la Embajada de Venezuela en Colombia para solicitar apoyo con expertos independientes que analicen las fotografías y el levantamiento planimétrico y realicen una autopsia psicológica. Los resultados servirán para agregarlo al expediente de la Cidh y darle más fortaleza a la denuncia.

Hombre querido por todos

La olla solidaria es un programa que implementó Albán para ayudar a los más necesitados. Foto: Andrés Rodríguez

“Fernando lo sabía todo y estaba en todo, pero pasaba desapercibido”, dijo el sacerdote Javier Fuenmayor en la misa que se realizó en honor al concejal este 8 de octubre en la capilla de la Universidad Central de Venezuela.

No era altivo ni violento, pero sí exigente en su trabajo como concejal y dirigente político de Primero Justicia. Miriam Marín, miembro de su equipo, lo confirma: “Siempre le estaré agradecida a mi jefe por todo lo aprendido. Siento mucho dolor al recordarlo. No era presumido, muy sencillo y humilde. Ese era Fernando”.

En PJ lo recuerdan como una persona que tenía la capacidad de “llevarse bien” con todos, hasta el punto de propiciar que judíos y árabes participaran en una reunión. Al ser el presidente de la Comisión de Cultos de la Cámara Municipal de Libertador, se convirtió en un enlace entre las religiones. Ahora ellos, a quienes Albán unió, participan en las eucaristías mensuales que se hacen en la capilla universitaria, donde el concejal preparaba ollas solidarias para los más necesitados los últimos domingos de cada mes.

Reinado Zavarce, miembro del partido, saca su teléfono y muestra una fotografía en la que él aparece junto a Albán y la diputada Dinorah Figuera, a quien el gobierno amenazó por denunciar su muerte. Ese recuerdo lo atesora Reinaldo desde hace un año y medio; estaban justo en una olla solidaria. Cuenta una anécdota con picardía: desplegaron una pancarta en el puente San Juan y tuvieron que abandonar el lugar 10 minutos después porque estaba llegando el Sebin para amedrentarlos.

Sus amigos y allegados consideran que Maduro no le perdona a Albán su cercanía con Borges. “Ellos confundieron y pensaron que Fernando llevaba y traía información de Borges, pero no, solo eran amigos”.


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