Caracas.- La ONG Foro Penal reportó que entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2020 se registraron en el país 61 detenciones con fines políticos, esto según el Reporte sobre la Represión en Venezuela. Marzo 2020, publicado por la organización este lunes 13 de abril.
De acuerdo con el informe, el grupo de detenidos se divide en 52 hombres y 9 mujeres, de los cuales 39 fueron detenidos nada más en el mes de marzo, representando un «incremento significativo» respecto a febrero, cuando solo se produjeron nueve arrestos.
«Los días en los que se reportaron la mayor cantidad de arrestos por fines políticos durante marzo fueron: el 10 de marzo (que además fue el día con mayor cantidad de arrestos del mes) reportándose en total 10 personas detenidas, debido a la convocatoria a manifestaciones de calle en todo el país realizada por sectores de la oposición política venezolana. El 17 de marzo, por su parte, se verificaron 5 personas detenidas, y el 30 de marzo, se registraron 4 personas detenidas», detalló.
El Foro Penal precisó que 19 de los arrestos registrados en marzo ocurrieron en el Distrito Capital, el cual fue el punto principal del 10 de marzo con una marcha fallida al centro de la ciudad, seguido por Mérida con 5 arrestos; Miranda, con 4; Monagas y Táchira con 3; mientras que los estados Bolívar, Zulia, Nueva Esparta, Lara y Portuguesa reportaron una detención cada uno.
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Estado de Emergencia
Con el Decreto de Estado de Emergencia promulgado por el Ejecutivo nacional, debido a la pandemia de COVID-19 que afecta al país, el Foro Penal denuncia que autoridades locales y regionales han aprovechado las restricciones instauradas para hacer valer la cuarentena social para asumir medidas de control de la población que están fuera de la ley.
Entre las acciones enumeradas en el informe se encuentran el agravamiento de problemas de larga data en el país como la escasez de gasolina, el racionamiento de servicios públicos como la luz, el agua y el gas, así como fallas en las telecomunicaciones en gran parte del territorio nacional. Igualmente, señalaron como contraproducentes las órdenes de detener a personas que violen los toques de queda o circulen sin tapabocas en la calles, los cuales luego son obligados como castigo, en algunos casos, a hacer ejercicios en las plazas, repetir consignas o se les fotografía para ser expuestos en redes sociales antes de su liberación.
El reporte muestra que desde la aplicación del Decreto de Estado de Emergencia se ha incrementado el número de detenciones arbitrarias, con 33 registradas hasta el 7 de abril, lo convierte a la cuarentena en el período con más arrestos de este tipo cometidos en lo que va de año.
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«Luego del decreto del 13 de marzo de 2020 que ordenó la cuarentena se han producido diversas detenciones, tanto de personas del entorno de Juan Guaidó, como de personas que han enviado mensajes de WhatsApp o redes sociales denunciando a funcionarios del Gobierno o denunciando la crisis sanitaria profundizada como consecuencia de la pandemia del COVID-19″, agregó.
Tal es el caso del periodista Darvinson Rojas, detenido por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) el 21 de marzo, por presuntamente haber publicado información extraoficial relacionada con la pandemia. Fue imputado por instigación pública e incitación al odio y quedó en régimen de presentación en tribunales.
La ONG también menciona el caso de Elio José Mendoza Acosta, supervisor de la planta de la Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, quien fue secuestrado el 1º de abril y tras 16 horas desaparecido, apareció detenido en la sede regional de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) con cargos de incitación al odio y difamación al Tribunal Supremo de Justicia, por presuntamente haber reenviado una cadena de WhatsApp cuyo contenido no trascendió.
También se nombra a Maury Carolina Carrera, contadora, detenida por la Dgcim la madrugada del 2 de abril, en su residencia en Prados del Este, en Caracas, por su relación laboral con el exconcejal de Baruta Luis Somaza. La mujer fue presentada ante un tribunal con competencias en casos de terrorismo y acusada de asociación para delinquir y ocultamiento de armas. Actualmente, permanece recluida en la sede de la Dgcim en Boleíta.
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