La designación de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ejecutada por la Asamblea Nacional electa en 2020 este 26 de abril, ha generado críticas de expertos que consideran que se mantiene la politización del Poder Judicial.

Alí Daniels, director de la ong Acceso a la Justicia, considera que es realmente “decepcionante” lo ocurrido pues se perdió la oportunidad de hacer reformas reales. 

Recuerda que, de los 20 Magistrados designados, 12 son reelectos “en violación directa del articulo 264 de la Constitución que señala un periodo único de 12 años”.

“Ahora Gladys Gutiérrez y Malaquías Rodríguez podrían ejercer el cargo hasta por 24 años. De los otros 10, hay cinco del 2014 y cinco del 2015 que superarán también el tiempo constitucional. En ese sentido, lamentamos que el proceso haya estado viciado desde el principio”.

¿Es legal que los magistrados del TSJ repitan?

Viciado es la palabra que los abogados constitucionalistas, Jesús María Casal y Gustavo Manzo, así como el analista político, Ramón Piñango, coinciden en usar para la designación de los “nuevos” Magistrados.

Para Casal se confirma la situación en la que se encontraba ese órgano como uno carente de independencia y sujeto a una parcialidad política. Sostiene que, pese a las denuncias que se hicieron, no hubo renovación sino que se confirmó la subordinación partidista del Máximo Tribunal. 

“No hay señales de que se quieren cambiar las cosas”, sentenció Casal para quien además, estas designaciones son una “mala señal para el resto de las reformas en el sistema judicial que se quieren hacer”.

Y es que a su juicio, toda reforma debería partir de la participación de todos los sectores, cosa que no ocurrió. “Las designaciones deberían ser en base a méritos.

Manzo sostiene que hay un vicio ético y moral por lo que da por descartada una transformación judicial la cual requiere de una reinstitucionalización.

¿Quiénes son los magistrados que repiten periodo en el TSJ?

“El socialismo-marxismo ve a la justicia de una manera específica y se dan choques con la Constitución que tiene una parte liberal”, asegura el abogado. 

Para Piñango es “significativo” que demuestren (gobierno) que no les importa violar las nomas. “Se pagan y dan el vuelto. Es transparente la intención de no dejar el poder y al comenzar violando la norma ya nada de lo que salga de allí es válido”, dice,

Daniels también destaca que de los ocho “nuevos rostros” hay dos generales que vienen del Poder Judicial Militar:  Juan Carlos Hidalgo, quien fue Fiscal General Militar en 2009 y Henry Timaure Tapia, que ejerció el cargo de presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar entre 2014 y 2017. Además de Tania D´Amelio quien viene de 14 años en el Poder Electoral.

“Todo ello está lejos de darnos esperanzas de que, al menos en corto plazo, haya una justicia imparcial e independiente”, indica Daniels. 

Quizás la designación de Gladys Requena como Inspectora del TSJ, es una de las que más preocupa. Requena fue electa diputada por el Psuv en 2020 y además integró el Comité de Postulaciones Judiciales aunque renunció unas semanas después. Además, en el aviso público con el listado de los preseleccionados, Requena aparecía como candidata a Magistrada y no a Inspectora.

“¿Cómo alguien puede ser parte del Poder Judicial, que por su naturaleza es imparcial, cuando el día anterior era diputada de un partido político? Eso no tiene lógica”, cuestiona Daniels que destaca además que el Inspector se encarga precisamente de velar por la independencia e imparcialidad de los jueces y se colocó a una persona cuyo perfil político es muy alto.

Casal agrega que su nombramiento viola las garantías de imparcialidad e independencia de un juez.

CPI y designaciones 

A juicio de Daniels, las repercusiones que podrían tener estas designaciones en medio del proceso que lleva la Corte Penal Internacional (CPI) no son tantas porque el Fiscal Karim Khan ya dio su respuesta la semana pasada al solicitar que se siga la investigación.

“El efecto ante la CPI podría decirse que ya ocurrió porque el Fiscal hizo caso omiso a las reformas que presentó el gobierno”, dijo el activista.

Daniels no descarta que el gobierno vuelva a introducir nuevos escritos para tratar de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que debe autorizar la investigación, no lo haga pero Daniels está convencido que para esa instancia no se trata de que el gobierno prometa reformas sino que castigue a los responsables de violaciones de derechos humanos y eso es lo que no ha ocurrido.