El discurso de odio que el gobierno de Nicolás Maduro ha promovido en los últimos días contra los venezolanos que retornan al país es una forma de tapar el descontrol en sus políticas migratorias, así como las deficiencias en los albergues para cumplir cuarentena en la frontera, es la conclusión a la que llegaron la socióloga y fundadora de la ONG Provea, Ligia Bolívar, y la profesora experta en temas migratorios, Claudia Vargas.
Durante una entrevista ofrecida este lunes, 20 de julio, en la emisora Circuito Éxitos, ambas rechazaron las últimas declaraciones de los voceros del oficialismo en donde se culpa a los denominados «trocheros» de ser los causantes del repunte de casos de COVID-19 en el país como parte de una campaña promovida por el gobierno de Colombia, así como el anuncio del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, donde asegura que se les aplicará la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con penas que pueden ir de 8 a 12 años de cárcel.
Para Bolívar, quien además es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el uso de la palabra «trochero» para referirse a los venezolanos que retornan en medio de la pandemia es «desafortunado», pues forma parte de la tendencia del gobierno de Nicolás Maduro de utilizar etiquetas para criminalizar a sectores enteros de la población, de la misma manera que ha usado antes otros como «bachaqueros», «pimpineros» o «acaparadores» para crear culpables externos de los problemas que sufre el país.
En este caso, señaló que el gobierno busca desviar la atención sobre los problemas que hay en los Puntos de Atención Social Integral (Pasi) ubicados en los municipios fronterizos, donde señala que no existe un registro claro sobre la cantidad de venezolanos que cruzan por la frontera, ni un control del paso que estos realizan de la fase de cuarentena en esos puntos, a la cuarentena que se guarda posteriormente en hoteles de sus estados de origen.
“Estamos paradójicamente ante un proceso muy controlado militarmente, pero al mismo tiempo muy descontrolado. En los famosos Pasi, el control que lleva con relación a la población que ingresa se está haciendo en papel, es decir, no hay ni siquiera un registro digital que permita saber quién está entrando, a dónde va, cuánto tiempo tiene en el Pasi y cuánto le falta (…) El mismo Estado está perdiendo el control del tránsito de las personas», contó.
Destacó que en la mayoría de los casos los albergues son escuelas que no están debidamente acondicionadas para recibir a los refugiados, o directamente no existen los Pasi, como en la comunidad de Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, donde las autoridades tomaron todas las posadas para alojar repatriados, sin cumplir su promesa de pagar a los dueños por su estadía.
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Problemas de definición
Tanto para Vargas como para Bolívar, el gobierno generaliza al denominar como «trocheros» únicamente a los venezolanos que usan los pasos fronterizos irregulares para poder entrar al país, aun cuando ese término se ha manejado en la zona desde mucho antes de la pandemia.
De acuerdo a Bolívar, «trochero» es una palabra empleada para definir no solo a los grupos que cobran para guiar a los viajeros por los pasos fronterizos, sino también a personas que prestan servicios de carretillas para transportar la mercancía comprada del otro lado, e incluso, también es usada para definir a los grupos irregulares que han asumido el control de las trochas durante las temporadas en que la frontera es cerrada por las tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.
Aseguró que en el caso del río Arauca, que separa el departamento colombiano del mismo nombre con el estado Apure, la frontera está totalmente controlada por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo de izquierda radical que ha profesado su lealtad al gobierno de Maduro, y que opera en la zona con total impunidad. “Si vamos a cortar el problema de raíz, hay que abrir los ojos hacia todos lados y no solamente hacia el eslabón más débil de la cadena”, apuntó.
“Se habla muy ligeramente sobre terrorismo, sobre delincuencia organizada, cuando se sabe que no son los trocheros los que están causando esta situación irregular y que además sí existen grupos criminales en la frontera que generan otro tipo de dinámicas que ponen en peligro la vida de los venezolanos que cruzan”, completó Vargas, y aseveró que cada vez que el gobierno de Maduro cierra la frontera de forma unilateral, las personas que dependen del comercio o de comprar comida en Colombia quedan a merced de estos grupos irregulares.
La profesora de la Universidad Simón Bolívar señaló que el gobierno sistemáticamente viola el derecho de los venezolanos a salir y volver a su patria contemplado no solo en los acuerdos internacionales que ha suscrito Venezuela, sino en el propio artículo 50 de la Constitución, que contempla el libre tránsito dentro y fuera del territorio nacional.
Acotó que bajo el contexto de la pandemia que ha obligado a tomar restricciones de movilidad, el gobierno de Maduro se ha empeñado en crear «cuellos de botella» que dificultan el retorno de refugiados, a quienes muchas veces no les queda de otra que utilizar las trochas para entrar debido a los obstáculos puestos en los controles oficiales. También desconoce el trabajo realizado por los demás gobiernos al habilitar corredores humanitarios para el paso de venezolanos hasta la frontera.
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