Caracas.- El candidato independiente a las elecciones presidenciales de 2024, Luis Ratti, quien estuvo vinculado con el chavismo en el pasado, acudió el lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para conocer cómo avanzaba la acción judicial que, mediante recurso de amparo, presentó a finales de mayo contra las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre.
Ratti, en la entrada del TSJ, dijo que -según le informaron en la máxima instancia judicial del país- el recurso de amparo procede y que ya tiene como ponente a la magistrada de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, una exfuncionaria vinculada con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) antes de su designación como integrante del TSJ.
El abogado, especialista en Derecho Penal y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, calificó de «improponible» la acción de Ratti, pues las elecciones primarias convocadas por la Plataforma Unitaria Democrática y organizada por la Comisión Nacional de Primaria es un evento no vinculante, de ejercicio soberano de la ciudadanía, que ampara el artículo 70 de la Constitución.
«Una vez la Sala Constitucional acuñó el término improponible, a propósito de una sentencia. Lo que plantea Ratti es eso: algo improponible. La Constitución establece, en el artículo 70, los medios de participación y protagonismo de la sociedad en ejercicio de su soberanía en lo político. La gente tiene unas capacidades de autodeterminación, de la búsqueda de soluciones políticas a sus problemas, esto es un ejercicio cívico, de modo que no puede ser contrario a la Constitución y ningún poder público puede tener injerencia», explicó el abogado a El Pitazo, vía telefónica.
Ratti sostiene que su acción judicial es contra lo que él llama los «vicios» del proceso de las primarias, así como para exigir que la elección interna de oposición debía contar con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que, además, no participaran candidatos inhabilitados.
Actuación de poderes
Mundaray destaca que ningún elemento de las primarias es un factor vinculante. En ese contexto, no hay cabida para la participación del Estado, como lo solicita Ratti al presentar un recurso de amparo ante el TSJ.
«Esto es un evento de carácter privado. ¿Las decisiones que se tomen en el marco de la Comisión Nacional de Primaria o el resultado de la primaria a quién vinculan? Por ninguna parte implica una obligación -de hacer o dejar de hacer- por parte del Estado, salvo respetar la autodeterminación de las personas, como lo plantea el artículo 70 de la Constitución. En la elección de un tema que le compete a los ciudadanos que son de un signo político particular, el Estado no tiene porqué participar en eso«, añadió Mundaray.
El exdirector del área de Actuación Procesal del Ministerio Público puntualizó que en un Estado democrático, con independencia de poderes, la solicitud de Ratti no merecería ningún trámite por parte de ninguna de las instancias del TSJ.
«Un estado verdaderamente democrático sentara las bases para la participación: permitiría que se votara en espacios públicos, facilitaría el acceso a la data del CNE, fomentara la participación. Pero en un Estado dictatorial uno puede ver cosas como esta, que alguien como Ratti propone y un Tribunal Supremo que, además, le da un trámite que no merece», añadió Mundaray.
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Sin sustento jurídico
Ratti, un antiguo exmilitante oficialista que se define ahora como conferencista, empresario, motivador y predicador, aseguró ante medios de comunicación, en la sede del TSJ, que la primaria es un «instrumento de manipulación para llamar a la violencia».
«Es un instrumento de María Corina para convocar a la violencia y el caos. Tienen que abrir los ojos los magistrados. Es mejor apagar cualquier tipo de intención contra la democracia ahorita», dijo Ratti.
Mundaray advierte sobre la falta de sustento jurídico en los argumentos de Ratti y el intento de equiparar el derecho a la protesta, que también ampara la Constitución, con la violencia.
«Los argumentos del señor Ratti no tienen ningún sustento jurídico, al contrario, adversan el espíritu constitucional que fomenta la participación. Ratti sataniza la protesta cívica como un acto de violencia. El artículo 68 de la Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a manifestar pacíficamente y eso tiene tanto sustento como la misma participación política del artículo 70. No se puede equiparar o identificar la protesta con la violencia. Ratti sataniza eso con la absurda acción de amparo», agregó el abogado.
TSJ sin competencias
De acuerdo con Mundaray, la Sala Electoral debería declarar inadmisible el recurso presentado por Ratti, pues el propio TSJ no es competente para ese caso. «La ley de amparo define claramente las competencias de los distintos tribunales del país en materia de amparo constitucional. La Comisión Nacional de Primaria no es un ente público, sino privado y su primera instancia jamás puede ser el TSJ».
Ratti, según lo detallado por Mundaray, debió acudir, en primera instancia, ante un tribunal superior contencioso administrativo o a uno civil, pues se trata de derechos civiles, lo que es objeto de debate: si la sociedad tiene o no el derecho de autodeterminación para definir quiénes son sus candidatos.
«Eso es un derecho humano fundamental, que es el de la participación política. El TSJ es la última instancia cuando se tata de amparos contra particulares, incluso algunos ni siquiera llegan al TSJ, así que la primera aberración es que lo haya recibido el TSJ, cuando se trata de un amparo contra particulares y no contra un ente púbico; es un despropósito«, advirtió Mundaray.
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Reducción del espacio democrático
Mundaray resalta que el caso planteado por Ratti no es uno que se rija por los estándares de la legalidad, sino políticos, es inminente el riesgo de que se produzca una acción contra las primarias, «lo cual sigue descalificando al TSJ y lo sigue colocando como un brazo ejecutor de políticas públicas represivas del régimen y reductoras de los espacios democráticos».
El abogado considera que la discusión planteada es un asunto de expansión de derechos y no de supresión de los mismos. «No me cabe la menor duda. El TSJ no tiene ninguna facultad y tampoco es competente. Esto es barbarie pura, incivilidad«, dijo Mundaray.
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