Caracas.- El abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, aseguró que las autoridades gubernamentales no han sido transparentes al informar sobre la muerte de Juan Almeida Morgado, conocido como el hacker N33 y cercano a Tareck El Aissami desde 2012.
Mundaray dijo que aún no hay conocimiento sobre el traslado del cuerpo a la morgue ni sobre quién firmó el acta de defunción que certifica la verdadera causa de muerte. Incluso el Estado no ha aclarado las razones por las que estaba en casa y no en un hospital al momento de morir.
“Si él tenía un médico tratante, que lo haya diagnosticado, este sería quien firma el acta de defunción; si hubiese muerto en un hospital, la responsabilidad recae en el médico de guardia. Si no hay un especialista que firme, el ente encargado sería medicina legal. Un Estado responsable, que siga el Protocolo de Minnesota de la ONU, sabe que este deceso debe investigarse como una muerte potencialmente ilícita”, agregó.
El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, hizo el anuncio del deceso el 16 de mayo de 2023 en su cuenta de Twitter. Saab informó que Almeida Morgado, de 34 años, murió en su residencia en Palo Negro, estado Aragua, tras complicarse por una cirrosis hepática. Aseguró que se encontraba en su casa luego de que se le otorgara una “medida humanitaria de arresto domiciliario”.
Además de Almeida, el expresidente de Cartón de Venezuela (Cartoven), Leoner Azuaje Urrea, murió bajo custodia del Estado. El Ministerio Público aseguró que el detenido se había suicidado antes de conocerse los resultados de la autopsia y de iniciar las averiguaciones sobre la muerte del funcionario, que se encontraba arrestado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) desde el 14 de abril de 2023.
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Una medida cautelar
Mundaray también aclaró que a Almeida Morgado no se le otorgó una “medida humanitaria” como lo expuso Tarek William Saab. “Las medidas humanitarias las aprueban los jueces en materia de ejecución; lo que tenía Almeida era una medida cautelar sustitutiva de libertad para sujetarlo al proceso de investigación. Sustituyeron la prisión por el arresto domiciliario”, explicó.
El 13 de abril de 2023, Juan Almeida Mordago fue detenido por la Policía Nacional contra la Corrupción junto con sus hermanos Jorge Luis y Carlos Jesús, acusados presuntamente de ser “operadores tecnológicos” de la trama denominada Pdvsa-Cripto. A diferencia de los demás detenidos, a Juan se le realizó la audiencia de presentación en un centro hospitalario “en resguardo a su derecho a la salud”, informó un periodista del canal Venezolana de Televisión (VTV).
“A Juan lo presentan en un recinto hospitalario; pero como reina la opacidad no se saben las razones por las que fue llevado directo a un centro de salud para su audiencia, menos hay información previa de que tuviera una afección de salud que lo hiciera beneficiario de una medida cautelar. Si se hace un seguimiento en redes, se percibe que Almeida tenía exposición pública con apoyo al Gobierno y en eventos sociales. Incluso, antes de ser detenida una persona, se le hace un estudio de reconocimiento médico-legal para verificar que sufrió lesiones previas al arresto o si tiene una patología para salvaguardar la responsabilidad del Estado, pero esto no se hace”, explica Mundaray.
Fuentes ligadas al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), consultadas por El Pitazo, coinciden en que desconocían que Almeida padecía alguna enfermedad degenerativa.
Entre las redes y el deporte
Antes de su detención, Almeida compartía contenido en sus redes sociales en las que mostraba apoyo a Nicolás Maduro e incluso publicaba post o tuit en los que arremetía en contra del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, conocido ahora por cuestionar abiertamente la gestión de Nicolás Maduro.
En sus redes también admitía su amistad con el expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Tareck El Aissami, y el exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez Camacho, también detenido por la trama de corrupción en la estatal petrolera.
Juan Almeida, el operador digital de Tareck El Aissami vinculado a trama Pdvsa-cripto
En 2012, cuando El Aissami era gobernador de Aragua, Almeida Morgado trabajó de operador digital en la entidad. La vinculación con la tecnología y el manejo de redes sociales impulsó al hacker N33 a presentarle al PSUV un plan comunicacional que ayudara a posicionar al partido en las plataformas, contó un militante chavista.
En vida, Almeida promovió el Primer Encuentro de Tuiteros en 2015, en el que reunió a simpatizantes del chavismo en Maracay, capital del estado Aragua, con el apoyo de El Aissami. En 2017 hizo el mismo evento, pero con seguidores del chavismo de la red social Instagram.
Almeida también estuvo ligado al mundo deportivo. Las fuentes del partido indican que trabajó cerca del exministro de Deportes, Mervin Maldonado, entre los años 2016 y 2017. Incluso representó a la empresa New Arrival, fabricante de los uniformes y calzados oficiales usados por la delegación de Venezuela en los Juegos Olímpicos celebrados en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.
Según el Ministerio Público, Juan Almeida, junto con sus hermanos, eran los artífices de granjas de criptomonedas en el país. La Fiscalía lo relaciona con la trama que finalizó con la fuga de 3.000 millones de dólares obtenidos por la venta de crudo en el exterior por medio de empresas que ayudaban al Gobierno a evadir las sanciones administrativas estadounidenses que le impedían hacer negocios en el mercado internacional. Parte del dinero se transaba con apoyo de la Sunacrip.
El Ministerio Público detuvo a unas 85 personas, entre altos funcionarios y empresarios, por su presunta participación en delitos de corrupción. Pero desde que se iniciaron los arrestos, el Gobierno ofrece poca información al respecto. La ONG Transparencia Venezuela, en un comunicado difundido en marzo, exigió más claridad en los procesos y acceso a la información pública.
Mundaray sostuvo que, hasta el momento, no hay detalles de los delitos que se les imputan a los detenidos, tampoco información sobre los mecanismos o cómo se apoderaron del dinero público.
“La gente que está presa es del entorno de Tareck El Aissami, pero en tribunales los fiscales no han aclarado los modos, el tiempo y el lugar de los supuestos hechos punibles, a pesar de ser su obligación. Los fiscales solo informan de manera genérica a los detenidos que son investigados por corrupción”, advirtió el abogado penalista.
Con información de Armando Altuve, Liz Gascón y Nadeska Noriega
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