Caracas. El 8 de enero de este año el gobierno de Perú prohibió a Nicolás Maduro y a los altos dirigentes de su Gobierno, así como a sus familiares, ingresar a ese país.
El listado, encabezado por Maduro, incluye a ministros de Estado, gobernadores, altos funcionarios, magistrados y empresarios vinculados a su régimen y sus familiares.
Pero el caso más reciente de prohibición de entrada a un país de familiares de funcionarios del Gobierno sucedió el martes 16 de julio. Migración Colombia impidió a Emanuel Andrade, hijo del extesorero de Hugo Chávez sentenciado por lavado de dinero, Alejandro Andrade, el ingreso al vecino país.
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Y es que a Colombia tienen prohibido ingresar más de 300 personas, no sólo cercanas a Maduro, también a sus familiares, a menos que decidan colaborar para echar a Maduro del poder.
Los diferentes países han señalado que el propósito de estas medidas es propiciar el retorno de la democracia en Venezuela, al afectar exclusivamente «a los sujetos vinculados al régimen dictatorial de Maduro».
Desde el 18 de octubre de 2017 no pueden ingresar a Estados Unidos los miembros del gobierno de Nicolás Maduro ni sus familiares.
El 28 de febrero de este año la administración de Donald Trump revocó los visados de 49 funcionarios del gobierno de Maduro y sus familias.
A finales de junio de este año Estados Unidos castigó a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros, con una serie de sanciones por participar en “programas de propaganda y censura” y “beneficiarse de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa”.
Entre las medidas, figuran la anulación de su visado y la prohibición de entrar a suelo estadounidense.
Chile anunció el 5 de julio de este año que prohibirá el ingreso a ese país de un centenar de allegados al gobierno de Maduro.
«En nuestra opinión son parte de la dictadura y esas personas no les vamos a permitir que ingresen a Chile», dijo entonces Piñera.
Al cierre de 2018, a la lista de sancionados por Estados Unidos se sumaban Canadá, la Unión Europea y otros países. Las sanciones contemplan la prohibición de ingresar a esas naciones y el número de personas con esta prohibición creció hasta llegar a 108, entre funcionarios, exfuncionarios y familiares.
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