Caracas.- La renuncia de Tareck El Aissami al Ministerio de Petróleo forma parte de la más reciente purga del gobierno de Nicolás Maduro. Quien fuera uno de los hombres de confianza del mandatario, se apartó de su cargo luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación por corrupción en Pdvsa, que involucra a funcionarios de su entorno.
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Con 10 años en el poder, desde que asumió después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro ha salido de figuras que eran clave de su administración. La falta de claridad en los procesos ha sido un denominador común en los casos. Incluso advirtió a los funcionarios públicos que serían judicializados de incurrir en actos de corrupción.
“Vamos con todo, caiga quien caiga. A ningún funcionario se le entrega un poder para que lo utilice en beneficio de grupos empresariales, de mafias o a nivel personal”, advirtió durante una reunión con la dirección nacional del PSUV, el lunes 20 de marzo.
Tareck El Aissami renuncia como ministro de Petróleo
Las declaraciones del gobernante ocurrieron en medio de un escándalo de corrupción que ha salpicado a varios funcionarios públicos vinculados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alcaldías y hasta al ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quien renunció a su cargo a menos de 72 horas de comenzado el «operativo».
Pero el discurso es casi una repetición, con algunas variaciones, desde su ascenso al poder en 2013. “El que traiciona a la revolución se seca”, decía en 2017, cuando el país estaba hundido en una severa crisis económica y las calles eran sacudidas por una oleada de protestas.
Y más recientemente, en medio de la escasez y contrabando de combustible con una Pdvsa quebrada, amenazaba “ir con mano de hierro contra todas las mafias, se disfracen de lo que se disfracen”.
Sin embargo, su esfuerzo no ha dado resultados: Venezuela ocupó el cuarto lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 elaborado por Transparencia Internacional, que mide este flagelo en 180 países.
Aquí hacemos un resumen de las últimas purgas que ha hecho Maduro durante los últimos años, con la premisa de acabar con la corrupción en la llamada revolución:
En 2017: Luisa Ortega Díaz y Rafael Ramírez
Ese año, el oficialismo se impuso a la oposición en los comicios regionales y posteriormente con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue tras “las cabezas” de algunos funcionarios que comenzaban a incomodar a Nicolás Maduro.
Entre las primeras decisiones que tomó la ANC, presidida por Diosdado Cabello, y el TSJ fue la destitución e inhabilitación de Luisa Ortega Díaz. Para ese entonces, la Fiscal General de la República se había convertido en una de las voces críticas a Maduro aun reconociéndose chavista. Denunció crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos cometidos durante las protestas estudiantiles de ese año, que causaron, al menos, 120 muertos.
FAN reconoce que hay militares vinculados a casos de presunta corrupción en Pdvsa
Tres meses después, las miradas se dirigirían a Rafael Ramírez, quien ocupó cargos de relevancia: ministro de Petróleo, presidente de Pdvsa y, por último, embajador en la ONU.
Además de las diferencias ideológicas, la sombra de la corrupción arropó su gestión. Fue destituido de su cargo y acusado de estar vinculado a un desfalco que comprometía el patrimonio de Pdvsa. La última acusación en su contra surgió el año pasado, cuando se lo señaló de robar 5.000 mil millones de dólares de las arcas de la estatal.
Tras la caída de Rafael Ramírez, considerado uno de los hombres fuertes de Chávez, también fue detenido el presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino -actualmente en juicio- y el ministro de Energía de aquel momento, Nelson Martínez, quien murió en prisión sin ser condenado.
Ese año, detuvieron a 69 funcionarios por la trama de corrupción vinculada a Pdvsa y a 18 altos gerentes. Al tiempo de que se anunciaba «el renacer de una nueva industria petrolera».
En 2018: la «limpieza» que tocó a militares
Venezuela estaba por segundo año consecutivo sumergida en una espiral hiperinflacionaria. Un escenario poco alentador para Maduro, que buscaba su reelección presidencial en mayo y comenzaba a ser una figura incómoda para otros presidentes de la región.
Dentro de las filas de la Fuerza Armada Nacional (FAN) se comenzaba también a sentir el descontento entre los militares por las mismas razones que el resto de los venezolanos: desabastecimiento, hiperinflación y desmejora en la calidad de vida.
Entre los primeros militares detenidos ese año estuvo Igbert Marín Chaparro, número uno de la promoción 1999, quien ostentaba el cargo de comandante del Batallón de Ingeniería Motorizada Juan Pablo Ayala, ubicado dentro del Fuerte Tiuna, detalla un reportaje de DW.
En marzo de ese año, ya la ONG Foro Penal reportaba 20 militares detenidos por razones políticas y al cierre ya se contabilizaban 116 detenciones, todos acusados por los supuestos delitos de instigación a la rebelión, contra el decoro militar y traición a la patria.
2022: Mano de Hierro contra la corrupción
A principios de marzo del año 2022, Nicolás Maduro lanzó la operación Mano de Hierro con la que buscaba detener las acciones vinculadas a la corrupción y abuso de poder dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En un primero operativo fue detenida la alcaldesa Keyrineth Fernández con seis panelas de cocaína, alrededor de siete kilos. Ella lideraba una supuesta red de narcotráfico en la que, según versiones oficiales, también estaban involucrados dos diputados: Taína González, por Zulia, y Luis Viloria Chirinos, por Táchira.
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En un segundo procedimiento, las autoridades desmantelaron otra red vinculada al contrabando de gasolina. En esa oportunidad fueron detenidos el alcalde del municipio Independencia en el estado Anzoátegui, Carlos Vidal, y el fiscal superior de Bolívar, Manuel Gil da Silva, señalados de pertenecer a una red dedicada al contrabando de combustible.
En Mérida fueron detenidos los fiscales auxiliares Freddy Antonio Freites Lugo y Alexandra Janett Rodríguez García, y la fiscal principal Yulimar Ureña Camperos por formar parte de una presunta red de sobornos dentro del sistema judicial de esa entidad.
Otros detenidos en la operación Mano de Hierro fueron:
Daniel Haro Méndez, alcalde del municipio Pedro María Freites de Anzoátegui.
Jonatan Martínez, señalado de intermediario.
Jorge Peña: fiscal superior de Delta Amacuro.
Antonio Barroso: Capitán.
2023: ¿otra cruzada contra la corrupción?
Desde el viernes, 17 de marzo, fue anunciado otro operativo contra la corrupción. Hasta ahora, las autoridades ligadas al gobierno de Nicolás Maduro han confirmado cinco detenciones y la renuncia del ministro de Petróleo, Tarek El Aissami.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) -de mayoría oficialista-, Jorge Rodríguez, anunció este martes, 21 de marzo, que van 19 funcionarios detenidos. Sin embargo, solo se conoce la identidad de cinco:
- El diputado oficialista Hugbel Roa (del PSUV).
- El abogado Cristóbal Cornieles, presidente del Circuito Penal de Caracas.
- Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
- Joselit Ramírez, superintendente nacional de Criptoactivos de Venezuela.
- El exgobernador del estado Sucre, Edwin Rojas (Extraoficial).
Aunque las «cruzadas contra la corrupción» han sido frecuentes en los últimos 10 años, hay muy poca transparencia sobre los registros o los resultados de cada uno de los operativos, que en su mayoría coinciden con la cercanía de procesos electorales.
Transparencia Venezuela alertó sobre el vacío de información pública que hay en torno al operativo. «El país tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, delitos por los que se los acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo y el tamaño del patrimonio público comprometido».
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