Caracas.- La represión y la estigmatización se han convertido en una política de Estado que, junto a las detenciones arbitrarias, responden a una coordinación para perseguir a la disidencia, algo que constituye un delito de lesa humanidad. Esa es la conclusión que se desprende del informe “Represión Calculada”, presentado por Amnistía Internacional y el Foro Penal, este jueves 10 de febrero.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explicó que la investigación se realizó durante más de un año, en el que se analizaron y cruzaron los registros de las organizaciones de derechos humanos sobre los ataques a la disidencia. 

En cuanto a lo que califica de “política de represión y estigmatización”, Guevara señaló que, en ciertos períodos, estas se usaron de forma coordinada demostrando la sistematización. Asimismo, a la par del aumento de ataques en los medios de comunicación también aumentaban las detenciones por motivos políticos.

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“Estos mecanismos han ido en aumento. En 2017 se calculó que la coordinación entre estigmatización y detenciones fue de 29 %. En 2020 ya era de 42 % y en la primera mitad de 2021 fue de 77 %”, relató Guevara.

Agregó que, en 2019, la actuación de cuerpos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estuvo relacionada en 74 % de los casos en los que se evidenció la correlación entre la estigmatización y las detenciones. En 2020 se ubicó en 92 % y desde enero a julio de 2021 se mantuvo, pero además con la participación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Guevara también destacó que entre 2019 y 2020 hubo mayor correlación entre estigmatización y detenciones cuando los ataques se hacían desde el programa Con el Mazo Dando y Misión Verdad, mientras que, en 2021, cobraron más fuerza a raíz de los ataques que se originaban desde el programa Zurda Konducta y la cuenta en Twitter Lechuguinos.

“El informe permite ver, con evidencia, el rol de cada mensaje y ataques de estigmatización y las detenciones y cómo esta coordinación es un nuevo indicador y apunta al delito de lesa humanidad de persecución que debe ser castigado”, dijo.

Políticas de represión

Por su parte, Valentina Ballesta, del equipo de Amnistía Internacional, indicó que desde 2019 los tribunales de terrorismo se usaron cada vez con más frecuencia. Específicamente en 68 % de los casos. 

Así, el informe también habla de la coordinación entre el agente estigmatizador, como el Mazo Dando; el agente represor, en este caso, militares y los tribunales militares y de terrorismo.

Ballesta insistió en los picos que observaron de represión y estigmatización relacionados con ciertos eventos, por ejemplo, después de que la Misión de Determinación de Hechos presentó su informe o después de conocerse la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI).

En relación con la CPI, Ballesta considera que este informe puede servir para identificar individualmente a los responsables de estas políticas de represión.

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Mariana Romero, del Centro para los Defensores y la Justicia, y participante de este informe, aseveró: “La estigmatización es la base para sustentar la política de represión”. A eso se le suman las acciones orientadas al cierre de espacios cívicos. 

Según detalló, entre 2019 y 2021 se registraron 1.181 agresiones contra defensores y ONG. De ese número, 785 fueron estigmatizadas, es decir, el 66 % del total de los casos. 

“El Estado ha diseñado una política represiva bajo la lógica del enemigo interno y en la que cualquiera que reclame es identificado y tratado como enemigo”, dijo Romero recordando casos como Fundaredes cuyo director, Javier Tarazona, está detenido.

Finalmente, Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, insiste en que la estigmatización y las detenciones arbitrarias no son hechos aislados y que estas políticas tienen dos caras: una, la incitación de esos actos y la otra, la impunidad.

También coincide con Ballesta en que este informe permite y sugiere la investigación de actores responsables de actos de represión y detenciones arbitrarias. No solo investigar a quienes las ejecutan, sino también a quienes las ordenan.