San Cristóbal.– Un documento con fotografías y pruebas de funcionarios policiales, de las Fuerzas Armadas Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que actuaron en contra de manifestantes el pasado 23 de enero en los alrededores del Consejo Legislativo del estado Táchira (CLE) en el centro de la ciudad de San Cristóbal, consignaron este jueves integrantes de la fracción de Copei “oposición” en la entidad, ante la Defensoría del Pueblo.
El vocero de la tolda verde, Álvaro Peña, acompañado de los dirigentes Walter Chacón, Javier Tarazona, Gerardo Rincón, Jackson Carrillo, Pedro Chacón, entre otros, manifestó que entre las fotografías se encuentra la de un funcionario que es acusado por diversos factores de ser el responsable de uno de los dos asesinatos ocurridos ese día.
“Trajimos el documento con fotos inclusive de funcionarios policiales que actuaron el 23 de enero con armas de guerra en sus manos, de hecho a uno de los funcionarios lo acusan diversos factores de haber sido el culpable de uno de los homicidios, cosa que por supuesto no nos consta, por eso le solicitamos a la Defensoría del Pueblo y a quien la coordina, que en uso de sus atribuciones y de su deber se encarguen de la investigación y de la denuncia a estos criminales, a quienes le deben al Táchira dos muertos y más de veinte heridos de bala”, expresó.
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Peña advirtió que para la marcha del sábado tendrán a un grupo de personas vigilando el actuar de organismos de seguridad y de grupos civiles irregulares, para dar repuestas debidas y oportunas, pues no entiende cómo grupos armados se esconden tapando sus rostros con una franela y actúan al lado de los funcionarios policiales y militares.
“Si tu vez lo que significa que un policía con arma de guerra, ande con unos tipos con la cara tapada, eso indica una clara colaboración del factor policial con los grupos paramilitares que están en la calle dañando a la gente y asesinando a jóvenes como lo hicieron ese día”, añadió.
Álvaro Peña precisó que por ello se ven obligados a denunciar estos crímenes ante las autoridades del momento, porque aunque no procedan durante el ejercicio actual, si procederán en medio del gobierno interino de Juan Guaidó, y los culpables pagarán de acuerdo a lo establecido en la ley todos sus delitos.