Caracas.- Una propuesta para reconstruir la red eléctrica derrumbada de Venezuela con la ayuda de las Naciones Unidas, está demostrando ser una papa política para los opositores de Nicolás Maduro.
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Este martes en la Asamblea Nacional (AN) se descartó un debate sobre un crédito de $350 millones de un banco de desarrollo regional, para abordar una emergencia de electricidad que ha afectado a Venezuela desde el 7 de marzo de este año.
Los promotores del proyecto acusan a los intransigentes de la oposición de jugar a la política con la crisis humanitaria de Venezuela, mientras ignoran la difícil situación de millones de venezolanos que exigen soluciones urgentes.
Óscar Rondero, diputado a la Asamblea Nacional (AN), por Nueva Esparta, manifestó que «no podemos condenar a millones de venezolanos a la vida sin poder, mientras esperamos que Maduro renuncie al poder».
El acuerdo de préstamo propuesto con el Banco de Desarrollo de América Latina, o CAF, cuenta con el respaldo de Maduro, pero aún requiere la aprobación de la AN. El financiamiento se usaría para volver a conectar 1.206 megavatios de energía aproximadamente, la mitad de su producción actual de instalaciones a gas y diesel, en cuatro áreas afectadas y generadores de respaldo para hospitales en todo el país.
Según David Smile, experto en el tema, la propuesta coloca a la oposición en una situación difícil. «Apoyarlo requeriría un reconocimiento tácito del Gobierno de Maduro», dijo Smilde, quien también es miembro de la Oficina de Washington para América Latina. «Pero oponerse significaría negar a los venezolanos una oportunidad significativa, para mejorar las terribles condiciones en las que viven».
Para abordar esas preocupaciones, la agencia de desarrollo de la ONU sería responsable de administrar el financiamiento, en conjunto con una junta independiente compuesta por representantes de Maduro y el presidente encargo, Juan Guaidó.
Smile asegura que no se proporcionarían fondos directamente a la empresa estatal Corpoelec, administrada por los leales de Maduro y a la que se culpa ampliamente por el colapso de la red. De aprobarse se podría ayudar a fomentar una cooperación más estrecha entre las dos partes enemistadas, para detener una crisis que ha llevado a más de 4,6 millones de venezolanos a huir del país.
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