El Nacional y su presidente editor, Miguel Henrique Otero, denunciaron este viernes una violación al debido proceso en el caso que data del año 2015 por una demanda del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, en la que se acusa al medio de comunicación de incurrir en un “daño moral” contra el líder chavista.
“Hemos sido condenados desde el principio”, se lee en un artículo de El Nacional en reacción a una sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con fecha de este viernes, 16 de abril, en la que se obliga al medio a pagar 237.000 petros (más de 13 millones de dólares) a Cabello.
El medio de comunicación denunció que en todas las instancias judiciales, tanto penales como civiles, no han sido escuchados sus argumentos contra la demanda ni tampoco valorados por los jueces. A su juicio, ello evidencia una falta de independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial.
La demanda data del año 2015, cuando El Nacional replicó una publicación del medio ABC y The Wall Street Journal en la que se vinculó a Cabello con presuntos hechos de narcotráfico, sobre la base de información revelada por Leamsy Salazar, exescolta del dirigente político. La noticia, además, fue posteriormente difundida por agencias y medios nacionales e internacionales.
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“Argumentos jurídicos no hay. Se trata de una jurisprudencia nueva que pasa a ser un exabrupto jurídico nunca antes aplicada y hecha a medida del régimen para atacar al diario El Nacional. Por lo tanto, no es posible deducir cómo los jueces concluyeron semejante monto a pagar”, se lee en la nota publicada por el medio hoy.
El Nacional sostuvo que nunca han tenido intención de difamar a nadie, sino que su labor consiste en difundir informaciones y opiniones. Además, afirmó que se ofreció a Cabello un derecho a réplica que nunca usó.
“Era evidente que lo que se pretendía desde un principio era terminar asaltando el medio que no pudieron controlar», añadió el diario. Al hacer referencia a Diosdado Cabello se lee en el texto: «Amparándose ilegítimamente en un caso de daños morales pretende aplicar una especie de derecho del enemigo en contra de los medios de comunicación, y en este caso con la aviesa intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación”.
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