El Caracazo: 35 años después los familiares de las víctimas todavía claman por justicia

Caracas.- El 2 de marzo de 1989 una bala de FAL (el fusil auntomático ligero que usaba el Ejército venezolano) acabó con los planes y sueños de la joven familia de Yris Medina. Esa tarde, justo a las 6:00 p.m., un disparo de un militar puso fin a la vida de su esposo, Wolfang Quintero. Estaba dentro de su vivienda, en el balcón de su casa en la parte baja de El Guarataro, en la avenida San Martín, y cargaba a su bebé en brazos. Aun así fue apuntado y asesinado desde una salida de la estación Capuchinos del Metro de Caracas.

Quintero fue una de las 276 víctimas del Caracazo que contabilizan las cifras oficiales y, 35 años después, su familia sigue clamando por justicia, que se identifiquen y juzguen a los responsables.

“Por las declaraciones del presidente en ese momento, Carlos Andrés Pérez, quedarse en casa era estar seguro, salir a trabajar desde las 6:00 a.m. y estar en casa antes de las 6:00 p.m. Hicimos lo correcto y a mi esposo lo asesinaron dentro de la casa”, contó en entrevista con El Pitazo la también cofundadora de la organización no gubernamental Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic).

Comprender lo que sucedía en ese momento no fue fácil para Yris Medina. Apenas tenía 19 años y su esposo, 20. Era una joven pareja, de recién casados y con una bebé de apenas tres meses de nacida. Para ella no tenía sentido que el descontento por la ausencia de productos básicos tomara esas dimensiones, y menos imaginaba que podía demandar al Estado venezolano por lo que vivió ese día y los siguientes, no sabía nada de derechos humanos.

“Con el tiempo pude entender que el Estado tiene responsabilidad por los hechos ocurridos, por el disparo indiscriminado. Desde entonces hemos buscado justicia, trabajado para que los hechos no vuelvan a ocurrir, educado en derechos humanos. Así nació Cofavic y todavía continúa en ese recorrido”.

De manera extraoficial se contabilizaron más de 3.000 muertos, y cientos de heridos y desaparecidos por este hecho, y la organización de la cual Yris es cofundadora logró atender a alrededor de 100 familias con casos relacionados. Como homenaje a las víctimas, cada 27 de febrero realizan una misa. Este año es a las 11:00 a.m. en la iglesia La Candelaria, en el centro de Caracas.

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Una víctima del Caracazo                        

Desde el 27 de febrero se registraron disturbios en la ciudad. El esposo de Yris Medina trabajaba en una librería y el 2 de marzo volvió del trabajo. Justo a las 6:00 p.m., cuando se iniciaba el toque de queda, se encontraba en el balcón observando la situación con su bebé en brazos. A su lado estaba su compañera, quien no resultó herida porque se movió de lugar. La bala traspasó a Quintero: le entró por el pecho, salió por un costado y perforó la pared.

“Yo le dije ‘Vámonos ya para el cuarto’, y en el momento en que yo me aparto es cuando suena el disparo. La niña también pudo recibir el disparo”, continuó. Wolfang Quintero dejó a la niña en su coche, intentó salir pero no lo logró, murió desangrado en la parte baja de su casa.

Trasladar a los heridos tampoco era sencillo en medio del toque de queda. Sus familiares lograron llevarlo a una clínica de la Policía Metropolitana que había en la zona, pero no fue recibido porque ya se encontraba sin vida.

“Nos dicen que lo llevemos a la morgue, porque él está muerto. Claro, nosotros no teníamos conocimiento, ellos simplemente revisaron y dijeron: ‘Mire, él está muerto, llévenlo ustedes mismos a la morgue”, contó. Ahí comenzó otra odisea para su familia.

En el camino a la morgue, en la avenida Baralt a la altura de la plaza Miranda, un grupo de militares, apuntándolos, los detuvo. El cuerpo debieron dejarlo ahí, pues ellos no podían pasar. A uno de los hermanos de Wolfang le pidieron quitarse la camisa, ondearla y gritar que llevaban un herido para evitar que les dispararan. “Porque los mismos militares nos dijeron: ‘Hay suspensión de garantías y estamos disparando a todo el que se mueva”.

Así lograron llegar nuevamente a su casa, con la incertidumbre de si verdaderamente Wolfang estaba muerto. Al día siguiente, cuando fueron a buscar el cuerpo a la morgue, no aparecía. “Ahí empiezan nuestras dudas de que a lo mejor sí estaba vivo, si lo trasladaron a un hospital. No sabíamos qué hacer”.

Un hermano de Wolfang pudo sacar a la familia de la incertidumbre, al ingresar con su carnet de la Marina a la morgue e identificar el cuerpo debajo de otros más que fueron llevados a este recinto. “Por tener ese carnet nos lo entregaron enseguida, pero mucha gente estaba ahí y desde hace días porque sus familiares no aparecían”.

Un sentimiento de rabia y dolor enlutó así a la familia Quintero Medina, y a muchas otras de la ciudad, que perdieron a sus seres queridos de esa manera, no pudieron velarlos, ni acompañar sus cuerpos durante mucho tiempo, algunos ni siquiera enterrarlos.

“En esa época hubo muchos disparos indiscriminados hacia las casas y los edificios. Si la calle estaba sola, solamente con los militares, ¿por qué tenían que disparar hacia las casas? Eso nos dejó mucha rabia. No entendíamos por qué, si estábamos haciendo lo correcto, disparaban hacia las casas”.

La búsqueda de justicia

Tras El Caracazo y la creación de Cofavic, Yris Medina entiende la responsabilidad del Estado en el asesinato de su esposo y, junto con otro grupo de familiares de víctimas, deciden denunciar ante tribunales venezolanos. No hubo respuesta ni investigación. Para el Estado, ellos fueron responsables por no respetar el toque de queda.

“Ir a la Fiscalía a poner una denuncia y que te traten como si tú fueras la culpable de lo que le sucedió a tu familia…, creo que fue muy muy feo”, expresó.

Con esa negativa pudieron llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual lograron documentar 45 casos. Sin embargo, la Comisión no logró un acuerdo con el Gobierno venezolano y en 1999 la denuncia escaló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En noviembre de ese año, esta corte emite la sentencia sobre el caso. En esta exige la modificación y cumplimiento de una serie de leyes y establece la indemnización a los familiares. También contempla la construcción de una plaza en honor a las víctimas y el cambio del plan Ávila, un procedimiento de contingencia militar diseñado para restaurar el orden en momentos de desórdenes civiles.

“Eso se quedó plasmado ahí durante muchos años hasta que el gobierno del presidente Chávez reconoce los hechos del Caracazo. En el 2004 se da una indemnización a los familiares de las víctimas. Ahí el Estado cumplió con esto”, reconoce Medina. También destaca los cambios en la Constitución de 1999 con relación a la protección de los derechos humanos. Sin embargo, todavía siguen buscando justicia.

—¿Qué esperar de la justicia venezolana 35 años después?

—Nosotros siempre hemos pedido justicia y verdad. La verdad sobre los hechos ocurridos en El Caracazo, sobre por qué hicieron los disparos indiscriminados, quién apuntó y disparó a mi esposo cuando estaba en su casa con una bebé de tres meses de nacida en los brazos. Justicia para todos. Que se identifiquen los restos que fueron exhumados de la fosa común de La Peste, que en el año 2009 la fiscal general de ese momento, Luisa Ortega Díaz, sacó de los nichos, se lo llevaron a Fuerte Tiuna y hoy en día están desaparecidos. Mis compañeras necesitan saber dónde están sus seres queridos. ¿Qué pasó con esos restos?

Indicó que 35 años después no hay sentencia en la justicia venezolana ni responsables de los hechos. “Todavía ni siquiera hay un juicio en tribunales. Nosotros no tenemos información de nada, no tenemos expedientes. Siempre hay un inicio de juicio, no se da, lo suspenden. Para Cofavic, para las víctimas, la justicia está todavía en proceso”, apuntó.

No es el caso de su esposo, pero Medina comentó que todavía existen familias que todavía tienen desaparecidos los cuerpos de sus allegados. Según la información que recibieron en su momento, se encontraban en las fosas comunes de un lugar conocido como La Peste, en el Cementerio General del Sur.

En el año 1990 fueron exhumados 68 cuerpos, de los cuales lograron identificar a 3, pero luego las investigaciones se cerraron. Los otros 65 cuerpos fueron trasladados a unos nichos, pero en 2009 la fiscal Luisa Ortega Díaz ordena exhumarlos sin la presencia de sus familiares.

“La sentencia del Caracazo (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) dice que cuando se exhumaran esos restos, se tenían que identificar con expertos internacionales. El Estado hizo caso omiso de lo que dice la sentencia. Ellos sacaron eso, lo llevaron a Fuerte Tiuna, donde opera el ejército que causó violaciones de derechos humanos y desde ahí no sabemos dónde están esos restos. Hay un monumento en el Cementerio General del Sur, pero es una placa, ahí no hay nada”, destacó Medina.

Persisten las violaciones de derechos humanos

El Caracazo fue un hecho histórico que comenzó el 27 de febrero de 1989 y culminó el 8 de marzo. En esos días se evidenciaron violaciones de derechos humanos, materializadas en el abuso de poder y asesinato de civiles. Para Medina una situación que se le salió de control al Estado y que no debió llegar a ese nivel, pero que, a su juicio, dejó una lección en la colectividad.

“Había unos productos desaparecidos, estaban acaparando porque iban a aumentar los precios y los negocios no querían vender estos artículos. La gente estaba muy molesta porque veía que estaban los productos y no los vendían. Desde este momento comenzaron las protestas. Ya se sabía que estaba ocurriendo una por aumento de pasaje en Guarenas, y todo eso se manifiesta aquí en Caracas. En ese momento comienza el saqueo”, precisa Yris Medina.

Según recuerda, las madrugadas del 27 y 28 de febrero no hubo fallecidos. “Los muertos pasan después de la suspensión de garantías. Después del 28, a partir de las 6 de la tarde es que empiezan a haber cantidades de muertos, la mayoría asesinados dentro de sus casas. Jóvenes, niños de 8, 16, 17 años… tanto por funcionarios policiales como por el Ejército. La mayoría por el Ejército, por disparos indiscriminados”.

—Con las situaciones que han pasado en Venezuela en los últimos años, ¿nunca ha sentido temor de que se repita un Caracazo?

—Fíjate que en el 2017, con la escasez de productos, a mí se me puso de frente el Caracazo, y con todo y eso, no sucedió. Yo creo que la gente tomó una lección. Fue peor en el 2017 que en el 89 con el tema de la escasez, porque no había nada. Tener el dinero y no poder comprar, tener que hacer colas, que te tiren los productos cuando llegan, era la peor sensación que yo pude haber sentido. Pero hubo un aprendizaje y eso lo dejó el 89, lo dejó el Caracazo. Que hechos como ese no volvieran a ocurrir así estuviéramos en la peor situación.

Para Medina, los hechos que vivió desde el 2 de marzo marcaron este recorrido de aprendizaje y búsqueda de la justicia, ahora no solo junto con las víctimas del Caracazo sino de otros hechos, pues considera que todavía es mucho lo que se debe luchar en Venezuela, con un sistema en el que hubo cambios desde el punto de vista legal, pero en el que las violaciones de derechos humanos siguen siendo una constante 35 años después.