El economista Alejandro Grisanti publicó una serie de tuits en la red social Twitter, a propósito del embargo de Cristallex a Citgo, filial de Pdvsa, y en la tercera aclaratoria refirió que la empresa canadiense «no tiene obreros, mineros, contadores, tiene simplemente abogados litigantes, que buscan extraer recursos de un país que atraviesa una crisis humanitaria».
Grisanti señala que Citgo no está perdida. «Se ha pedido una orden ejecutiva al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para proteger los activos del país en suelo americano. Por ahora, no la han concedido ya que entienden que las sanciones protegen los activos venezolanos, con excepción de los bonistas del Pdvsa 2020 que tienen licencia».
El también integrante de la junta de administración Ad-hoc de Petróleos de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional, indicó que el anuncio del lunes es un claro revés, «pero quedan todavía muchos recursos legales, políticos y licencias, que se pueden aplicar. ¡¡Seguimos trabajando!!».
Grisanti llegó a dos conclusiones: «La responsabilidad de esta pérdida debe recaer únicamente en Chávez y Maduro y en ningún momento en el gobierno de Guaidó y sus representantes. Los que acusan a los representantes de Guaidó lo están haciendo bajo ignorancia o simplemente con maledicencia».
Respecto al procurador especial, José Ignacio Hernández, designado por la Asamblea Nacional, señaló que se debe aclarar que él actuó como «testigo experto independiente y nunca como abogado. Jamás se pronunció sobre el fondo del caso».
Agregó que «este caso nace de un proceso de nacionalización de la mina de oro Las Cristinas realizado por Hugo Chávez en 2008. Seis años después de que su explotación fue concedida por él mismo a la empresa canadiense Crystallex».
Argumentó que en 2017 se introduce una demanda contra Pdvsa para que sea la empresa petrolera quien pague. «Inexplicablemente la República abandona el caso, Pdvsa lo toma y se produce la primera sentencia en contra», indicó.
Posteriormente, en octubre del 2018 retoman el caso “inexplicablemente” y sin hablar con la estatal petrolera llegan a un primer acuerdo con Crystallex para un pago de USD 425 millones según Grisanti. «Por cierto, nadie ha podido tener acceso a este acuerdo y se comenta que se negoció con una versión en español que difiere de la versión en inglés», dijo.
Alegó que la primera sentencia se dictó en agosto de 2018 y que allí comenzó la segunda instancia. «Lo único que se podía hacer para ese momento era lograr que la República interviniese en el juicio. Cuando nos toca a los representantes de Guaidó en febrero de 2019 ya estaba todo listo. No había posibilidad de introducir nuevos alegatos».
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