Caracas. Cuando la oposición ganó la mayoría de las curules el 6 de diciembre de 2015, el gobierno se propuso desaparecer el control que ejercería la Asamblea Nacional. Era la segunda vez que el liderazgo opositor obtenía una victoria electoral en los 15 años que llevaba el chavismo en el poder y su norte era el cambio de gobierno.
Con el desacato del Tribunal Supremo de Justicia impuesto el 11 de enero de 2016, con el cual intentaban aminorar el trabajo legislativo, y la decisión arbitraria de impedir un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro en octubre de ese mismo año, la vía política para la resolución de la crisis política lucía cerrada. En marzo de 2017, el Poder Judicial asumió las competencias del Poder Legislativo sin tener competencia para ello y la oposición llamó a la calle en forma de protesta a lo que se consideraba como un golpe al parlamento. Al menos 120 fallecidos, cientos de heridos y la desmovilización de la ciudadanía fue el resultado de cuatro meses de manifestaciones.
El 1° de Mayo de 2017, mientras se registraban protestas en todo el país, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, sin promover una consulta al país que indicara si se estaba de acuerdo o no con su planteamiento. Maduro justificó en ese momento que la oposición no aceptaba sentarse en una mesa de diálogo y al gobierno no le quedaba otra opción que “derrotarlos con las leyes, con la Constitución, con la unión cívico militar”.
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En respuesta, la AN convocó a una consulta popular, basada en el artículo 70 de la Constitución que establece que este mecanismo es un medio de participación y su resultado es vinculante. En tres preguntas, el liderazgo opositor consultó a la ciudadanía el 16 de julio si rechazaba y desconocía una Constituyente sin aprobación previa, si demandaba a la Fuerza Armada Nacional obedecer la Constitución y si aprobaba la renovación de los poderes públicos, la posterior celebración de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional. Más de siete millones de venezolanos respondieron afirmativamente, pero el resultado no fue vinculante.
Aunque contaban con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas y la observación de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea), Maduro y sus instituciones desconocieron esta voluntad. En la noche de ese domingo, la oposición no ofrecía los próximos pasos y dos días después, la Asamblea Nacional aprobó adoptar las “medidas constitucionales necesarias para el restablecimiento de la Constitución (…) Se procederá a la renovación de los Poderes Públicos y a crear las condiciones para las elecciones libres”.
Muy mal vendido
El politólogo y profesor universitario Fernando Spiritto destacó que la oposición “vendió muy mal lo alcanzado”, lo que generó una gran desmotivación en la sociedad civil hasta enero de 2019, cuando llegó Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, a proponer una ruta similar a la del 2017, tras declarar la usurpación de Maduro en el cargo de presidente de Venezuela.
Considera que en 2017 la oposición supo que no podía sola para generar el cambio político, a pesar de haber logrado una gran gesta ciudadana. Se requería del apoyo internacional, de la FAN y de la movilización de la ciudadanía descontenta por la crisis económica. Todos al unísono.
Ahora, que la situación económica se ha profundizado y Guaidó, como presidente encargado de la República, cuenta con el respaldo de más de 50 países, Spiritto señala que se ha dado un segundo aire a la consulta, es decir, las expectativas se mantienen altas. El reto para Guaidó, quien lleva sobre sus hombros la deuda de lograr unas elecciones libres, es mantener la motivación de los venezolanos.
Este martes, la fracción parlamentaria 16 de Julio, creada en noviembre del 2017, admitió que aún deben cumplir con el compromiso que adquirieron hace dos años. “Llegó el momento de decisiones. Basta de análisis y diagnósticos. No podemos seguir con la vieja prédica de que todas las opciones están sobre la mesa. Solo queda la opción de integrar una coalición internacional que ponga fin a la dictadura”, afirmó el diputado Biagio Pilieri desde el Palacio Federal Legislativo.
Recordó que solo pudieron designar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que se vieron forzados al exilio desde el mismo momento de su nombramiento, el 21 de julio de 2017. Todavía falta renovar el Poder Electoral, designar a un nuevo Contralor de la República y a un Defensor del Pueblo. “Ratificamos la ruta del 16 de Julio. No queremos un cambio en lo que se ha planteado”, aclaró el parlamentario.
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