Caracas.- La reciente decisión del gobierno venezolano de cesar las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acarreará consecuencias preocupantes, según la Organización Defiende Venezuela.
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La medida provocó diversas reacciones en el sector civil del país. Advierten que podría contribuir al cierre del espacio cívico y tener un impacto negativo en los compromisos oficiales relacionados con la protección de los derechos humanos.
El abogado y coordinador de litigio internacional de Defiende Venezuela, Ezequiel Monsalve, explicó que tales acciones podrían desencadenar cinco consecuencias graves para el país:
- Ausencia de asistencia técnica en derechos humanos para el Estado: La falta de asistencia técnica especializada puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
- Limitación en la protección de los derechos humanos de los venezolanos: Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población.
- Abandono de la agenda de conexión de la sociedad civil con los mecanismos de protección: El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
- Limitaciones en el acceso de los relatores de la ONU al país: Esta restricción dificulta la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones.
- Limitación en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendación: La falta de presencia de la Oficina Técnica del Alto Comisionado podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones.
Defiende Venezuela alertó que estas consecuencias no sólo ponen en riesgo el compromiso internacional de Venezuela en la defensa de los derechos humanos, sino que también socavan la confianza en los mecanismos de cooperación y supervisión a nivel global.
Con información de Defiende Venezuela
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