La Guaira.- El equipo de abogados defensores del Secretario Nacional del Movimiento Revolucionario Tupamaro, José Tomás Pinto Marrero, asegura que no existen elementos de convicción que inculpen a su defendido con los cargos imputados desde el 15 de junio por el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.
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La aseveración la formuló el vocero del equipo de profesionales de la defensa de Pinto, el abogado Henry Hamdan, en conversación vía telefónica con El Pitazo este domingo, 21 de junio.
El profesional, con vasta experiencia en el campo penal, explicó que apelará la medida, que calificó de exagerada, del Tribunal Cuarto de Control de Vargas, que dictó privativa de libertad tras culminar la audiencia que se celebró la tarde de este sábado, 20 de junio, en la sede del Circuito Judicial Penal de Vargas.
“Estamos frente a un juicio donde se evidencian las presiones políticas para desfavorecer a José Tomás Pinto. En primer lugar, [debo] asegurar que no existen elementos de convicción que evidencien la participación de Pinto en ese supuesto asesinato. Luego contamos con actas procesales amañadas, llenas de inexactitudes. Nos encontramos frente a un linchamiento político para la figura de José Tomás Pinto”, aseguró Hamdan.
Durante la audiencia, Pinto fue imputado con los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles e innobles en grado de coautor, privación ilegítima de libertad y agavillamiento, por el homicidio del adolescente de 16 años George Soto Berroterán y las lesiones causadas al pescador Juan Alejandro Romero, de 20 años, quien es el único testigo que ha presentado el Ministerio Público (MP) para relacionar a Pinto Marrero con los hechos que se registraron en la finca La Tupareña, propiedad de Pinto, ubicada en la población de Chuspa, al este del estado Vargas.
Hamdan explicó que la defensa habría solicitado al Tribunal Cuarto de Control, encabezado por la jueza Yumaira Requena, que se le otorgase a Pinto Marrero una medida cautelar de detención domiciliaria, “ya que se trata de un hombre de 67 años de edad y con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. La juez desestimó esta solicitud, pero ordenó la realización de los exámenes médicos correspondientes para determinar su estado de salud físico, lo cual fue solicitado también por la defensa”.
Como centro de reclusión, el tribunal designó la sede de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicado en la parroquia San Agustín en Caracas. La defensa estima que el traslado se concretará este lunes 22 de junio.
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