Para Gonzalo Himiob, abogado y director vicepresidente de la ONG Foro Penal, la prisión por motivos políticos en Venezuela dejó de utilizarse como consecuencia de delitos tipificados bajo dicho criterio, que incluyen: la traición a la patria, la rebelión, complot político y otros. En cambio, considera que “se ha convertido en un mecanismo de control y persecución arbitrario que sirve a determinados objetivos del Estado”.
Así lo hizo saber en el forochat del pasado 23 de marzo sobre los presos políticos en Venezuela, que fue organizado por el equipo de El Pitazo en la calle y contó con la participación de 450 lectores.
Himiob reveló que hasta el 20 de marzo de 2023, en Venezuela había 282 presos por motivos políticos. De ellos, 130 son civiles (46%) y 152 militares (54%). Mientras, 163 de estos ciudadanos (58%) permanecen detenidos aun sin tener condena, lo cual representa una violación a sus derechos y al debido proceso.
El invitado destacó que la prisión política en Venezuela ha cambiado de rumbo en los últimos 20 años y sus objetivos principales ahora pueden dividirse en cuatro:
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- Controlar a la sociedad: neutralizando a individuos o grupos que son contrarios o incómodos para el poder.
- Afianzar o servir de soporte a determinadas narrativas del poder relacionadas con fracasos específicos de determinadas políticas públicas.
- Apartar y neutralizar a individuos que en algún momento específico puedan haber tenido la simpatía del electorado y representen un riesgo para el Gobierno.
- Detener a personas arbitrariamente con el objetivo de obtener información que permita capturar a otros ciudadanos perseguidos.
De la mano con esto, Himiob indicó que este proceder ha permitido al Foro Penal categorizar a los presos políticos del país en nuevos grupos que van más allá de los clásicos perseguidos y detenidos por cometer delitos políticos tipificados. En total, la ONG identifica 6 grupos diferentes:
- Por exclusión: aquellos encarcelados por representar individualmente una amenaza política contra el Gobierno, como los líderes políticos o sociales.
- Por intimidación: que incluye la persecución o prisión de personas que forman parte de grupos que interesa amedrentar o neutralizar. Por ejemplo, estudiantes y representantes de medios de comunicación.
- Por propaganda: personas que no representan una amenaza individual o grupal, pero son utilizadas para sustentar narrativas del poder. “Los representantes de bancos y casas de cambio que fueron detenidos en el pasado son un buen ejemplo, pues sirvieron para justificar la crisis económica, aun cuando no eran los verdaderos culpables”, apuntó Himiob.
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- Para extracción: perseguidos, privados de libertad y personas que son torturadas con el fin de obtener información que permita ubicar a otros perseguidos, como los familiares o amigos de líderes sociales o políticos.
- Presos y perseguidos del poder (PdP): ciudadanos que son encarcelados u hostigados para satisfacer intereses personales de quienes tienen poder político y lo utilizan de forma abusiva y arbitraria. Por ejemplo, posibles denunciantes de actos de corrupción que son perseguidos por aquellos a quienes señalan.
- Rehenes: una nueva categoría introducida durante 2022 que reúne a aquellos perseguidos o privados de libertad que son utilizados como fichas de cambio con otros países u organizaciones internacionales para obtener demandas puntuales del gobierno venezolano. Ejemplo, directivos de Citgo intercambiados por los sobrinos de Cilia Flores acusados de narcotráfico.
Para finalizar, Himiob indicó que ninguna de estas categorías es excluyente sobre las otras o tiene mayor jerarquía, pues un mismo ciudadano podría entrar en varias de ellas. Como ejemplo práctico, mencionó lo siguiente:
“Una persona puede ser detenida por tener un liderazgo individual dentro de una comunidad y al poder le interesa neutralizarla (exclusión). Al hacerlo, el Estado envía un mensaje al grupo al cual pertenece esa persona (intimidación). Además, la detención podría ser utilizada para sustentar una narrativa de poder (propaganda)”.
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