Caracas.- La llegada del coronavirus a Venezuela ha impuesto una tregua no reconocida al conflicto político que se libra en el país. Ante la amenaza por la propagación del COVID-19, el gobierno de Nicolás Maduro ha puesto de manifiesto el control que tiene del poder al ordenar el confinamiento total de la población, mientras el liderazgo de Juan Guaidó realiza esfuerzos por mantener a flote su alternativa democrática.
Si bien Maduro no cuenta con el reconocimiento internacional, Guaidó, como presidente encargado, tampoco posee los medios para materializar sus decisiones en Venezuela ni coordinar con instituciones públicas u obtener el respaldo de la Fuerza Armada. En este choque entre el poder de facto y legítimo, Maduro y su cúpula resultan favorecidos, aunque con dificultades para sostenerse en el tiempo, afirman expertos consultados por El Pitazo.
El politólogo Fernando Espiritto asegura que las medidas tomadas por Maduro para contener el coronavirus -enmarcadas en el decreto de estado de alarma– no brillan por novedosas, sino porque le permiten a la élite gobernante tener espacios de “visibilidad” ante la comunidad internacional.
“Sus medidas no le revisten de garantías para gerenciar esta crisis sanitaria”, afirma.
En medio de la incertidumbre por la escasa información ofrecida por el Ministerio de Salud después de cuatro años sin publicar el boletín epidemiológico, los portavoces de Miraflores han ido actualizando la cifra de casos positivos por COVID-19 a cuenta gotas. El balance más reciente (19 de marzo) da cuenta de 42 casos confirmados, la mayoría identificados en el estado Miranda. Aún así, la probabilidad de que haya un aumento de contagios sigue latente, como se ha constatado en otros países, como los vecinos Brasil, Colombia y Estados Unidos.
Este escenario ha echado por tierra las iniciativas de Guaidó por retomar la presión de interna en contra del régimen venezolano. Su último intento se produjo el pasado 10 de marzo cuando llamó nuevamente a marchar a los venezolanos en Caracas, pero la movilización derivó en represión policial.
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Gestionar ayuda humanitaria
Espiritto considera que en corto plazo, ante sus limitaciones para ejercer el poder, al gobierno interino solo le resta promover acciones preventivas para mitigar la epidemia. Sin embargo, de agravarse la crisis será fundamental sus gestiones para facilitar la llegada de ayuda humanitaria.
Guaidó ha defendido esta opción para hacer frente a la emergencia humanitaria compleja que padece el país desde que en febrero de 2019 intentara ingresar sin éxito toneladas de insumos médicos por fronteras terrestres y marítimas con Venezuela.
Ahora, con el desafío del Estado de mantener dotada la red hospitalaria del país que atiende a las decenas de pacientes afectados por la pandemia, aunado al desplome de los precios del petróleo, se hace más presente la necesidad de ayuda internacional para los venezolanos.
Dentro de esa línea, el presidente interino ha pedido al régimen de Maduro a permitir que a través de puertos y aeropuertos se reciban cargamentos humanitarios necesarios para contener el coronavirus. Maduro, por su parte, se ha limitado a culpar por el deterioro del sistema de salud pública a las sanciones de Estados Unidos, aunque estas excluyen restricciones a la compra de alimentos, medicamentos y equipos hospitalarios.
Las primeras consecuencias de esta confrontación política se vieron esta semana con la pérdida del financiamiento a Venezuela de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo, otrora despreciado por el chavismo, negó un préstamo por 5.000 millones de dólares a Maduro para hacer frente a la pandemia, pues alegan que «no hay claridad sobre el reconocimiento” oficial del gobierno venezolano.
“La posibilidad del financiamiento está cerrada para el gobierno (de Maduro). La propuesta al FMI no tuvo éxito porque no está claro cuál es el gobierno legítimo en Venezuela. Además, para aprobar un financiamiento de este tipo tendría que haber un acuerdo inminente sobre reformas que no veo que pudieran ser atendidas por Maduro”, indica Espiritto.
Ana Milagros Parra, jefa de análisis político de la firma de consultoría Iuriscorp, cree que el gobierno ha optado a pedir apoyo al FMI porque reconoce que no tiene flujo de caja, pero al ser negada su solicitud también engrosa su narrativa de «victimización».
«De allí tienen una base para decir: ‘no pudimos poner en marcha tales medidas porque tenemos sanciones y el FMI nos negó el préstamo que necesitamos'», señala.
Subraya que el chavismo gobernante no ha acudido a Rusia o China (gobiernos aliados) para su rescate porque «ya agotaron esa instancia por la gran deuda que tienen con esos países». Además, «ahora cada Estado está pendiente de su crisis doméstica y no de asuntos internacionales», prosigue la politóloga.
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¿Un acuerdo político posible?
A juicio de Parra, las proyecciones de agravamiento de las condiciones de salud, sociales y económicas del venezolano hacen imperativo un acuerdo entre factores políticos, haciendo un lado las diferencias actuales. No obstante, dificulta que pueda allanarse ese camino pronto por la naturaleza de los actores.
«La situación tendría que llegar a niveles muy críticos para que piensen en llegar a acuerdos con la oposición”, dice.
En su opinión, de llegar a ese escenario, la iniciativa podría estar en manos de eventuales disidentes del gobierno que busquen aliarse con la oposición para atacar la crisis sanitaria actual.
“Lo más probable es que el chavismo es el que salga ganando al respecto porque es el que tiene poder de facto y lo que quiere es una vía de escape que la puede conseguir con la legitimidad de la oposición”, añade.
Por su parte, Espiritto advierte que la propagación del COVID-19 dejará una estela de mayor contracción económica en el país que acelerará el crecimiento de la pobreza en los próximos meses, que harán inocuos los cálculos políticos.
Destaca que en la mayoría de los países en los que se ha hecho presente el coronavirus, se han propuesto programas para ayudar a los ciudadanos y empresas a paliar los efectos de la crisis, a diferencia de Venezuela donde “no existe esa posibilidad porque el país está quebrado”.
«Estoy seguro que si el gobierno (de Maduro) plantea unos puntos de acuerdo básicos y razonables, la oposición de inmediato va aceptar. Todo depende de que el gobierno no intente sacar provecho político a la situación», arguye.
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