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sábado, 20 abril, 2024

Comisión de Política Exterior oficialista aprueba proyecto de ley de cooperación internacional

El presidente de la instancia, diputado Timoteo Zambrano, resaltó que la propuesta fue revisada por los parlamentarios durante varias semanas y ahora será entregada a la directiva de la Asamblea Nacional

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Caracas.– La Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional chavista aprobó el 1 de marzo el texto final del proyecto de ley de cooperación internacional, con el que se restringiría aún más el financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil.

El presidente de la instancia, diputado Timoteo Zambrano, resaltó que la propuesta fue revisada por los parlamentarios durante varias semanas y ahora será entregada a la directiva de la Asamblea Nacional para su revisión e inicio de la consulta pública.

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Entretanto, el segundo vicepresidente de la comisión, diputado Roy Daza (PSUV/Aragua), aclaró que para la aprobación de esta normativa se hizo el análisis comparativo con otras leyes internacionales, a fin de lograr una ley acorde a los tiempos, ya que la actual data del año 1958.

ONG alertan

Además de este proyecto de ley de cooperación internacional, en la Asamblea Nacional chavista avanza la discusión del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que amenaza con ilegalizar a las ONG.

A principios de febrero, la Alianza por la Libertad de Expresión de Venezuela, que agrupa a 10 organizaciones, aseguró que el proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG aprobado por el Parlamento pondrá «en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia» a los venezolanos.

El proyecto inicial de la ley, compartido por algunos legisladores, establece multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

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La ONG Espacio Público también alertó hace unas semanas de que la aprobación definitiva de este instrumento «despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacionales».

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