Caracas.- Los jubilados de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no claudican en la defensa de sus derechos laborales. El martes 26 de septiembre de 2023, nuevamente un grupo de extrabajadores retomó una huelga de hambre para exigir que la compañía petrolera cumpla con el aumento de las bonificaciones obtenidas por los intereses del fondo de jubilados de Pdvsa, creado en 1993, y acceso a un seguro médico.
En esta oportunidad, los manifestantes, que se plantaron en la Universidad Central de Venezuela (UCV), prometieron que la medida de protesta será indefinida.
Los jubilados volvieron a protestar el 25 de septiembre de 2023 debido a que las autoridades de la estatal incumplieron los acuerdos previos alcanzados el 14 de septiembre, tras levantar la huelga que un grupo de extrabajadores inició dos días antes en la sede de Pdvsa, ubicada en La Campiña, en Caracas.
La medida de protesta cesó porque una comitiva de la petrolera accedió a negociar y a evaluar las peticiones de los denunciantes.
En esta ocasión, los jubilados exigen el incremento de 300 dólares en el pago de la bonificación mensual de intereses de pagarés de 2016 – 2022, propuesta que los extrabajadores presentaron ante la compañía el 15 de agosto de 2023; así como atención médica integral y de emergencia a través de seguro de Pdvsa, que permanece suspendido desde 2019.
Pero el reclamo de los jubilados petroleros no es nuevo: tienen siete años exigiendo el pago completo de su pensión y la presentación de los informes de auditoría del Fondo de Jubilados de Pdvsa, que administra la Asociación Civil del Fondo de Pensiones (APJ-PDV).
Se estima que a 41.000 jubilados de la estatal, beneficiarios de este fondo, se les adeuda el pago de intereses generados por sus ahorros invertidos en esta figura durante años.
Los extrabajadores, especialmente de los estado Zulia, Falcón, Lara, Anzoátegui y el Distrito Capital, han organizado al menos 60 manifestaciones desde 2016 para exigir respuestas sobre sus demandas.
El Fondo de Pensiones de Pdvsa se creó en 1993 con el objetivo de asegurar la calidad de vida de sus trabajadores al momento de su jubilación. El aporte al fondo se estableció así: 3 % saldría del salario, 25 % de las prestaciones sociales de los trabajadores y 9 % sería aportado por la petrolera.
Acá te damos los puntos clave de las denuncias de los jubilados de compañía:
- En 2016, los jubilados dejaron de tener acceso a los informes de auditoría del Fondo de Jubilados de Pdvsa. En esos documentos, los extrabajadores podrían conocer la cifra de inversión acumulada y los intereses generados por los ahorros, que debían ser cancelados a cada uno de los beneficiarios del fondo.
- El último dato ofrecido en 2015 indicaba que el monto por intereses ascendía a 2.347 millones de dólares. Eso implica que cada pensionado debía recibir 660 dólares al mes. Pero la realidad es otra: desde 2020 reciben un pago de cuatro petros —criptomoneda creada por el oficialismo— que equivalen a 100 dólares. Por eso, exigen la presentación de los informes de auditoría para conocer el monto actual por intereses del fondo y un incremento en la bonificación a 300 dólares.
- Hay más: un informe, al que tuvo acceso El Pitazo, indicaba que el fondo de pensiones podría ser sostenible hasta el año 2032. En el documento se destaca que si el rendimiento del fondo fuera negativo o estuviera en cero, podría cubrir pensiones y utilidades a los jubilados hasta el año 2019. Por lo que no habría razón para que cada extrabajador dejara de percibir su pensión completa.
- Los jubilados, además, denunciaron otras irregularidades: señalaron que el hoy exiliado Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, modificó los estatutos del Fondo de Pensiones en el año 2014. Se reclamó que Ramírez, tras los cambios, atribuyó los haberes de fondos a Pdvsa que antes les pertenecían a los jubilados. Sin embargo, Ramírez dijo, en entrevista con El Pitazo, que esta modificación ocurrió en 2014 cuando él ya no estaba en la estatal.
- Ramírez señaló que intervino en tres oportunidades en asuntos de fondo: para recuperar el dinero afectado por el esquema Ponzi que lideró Francisco Illarramendi, venezolano acusado en 2010 por fraude en el manejo de fondos de inversión en Estados Unidos; salvar el edificio de La Floresta, uno de los activos generados en el fondo; y el establecimiento de un nuevo criterio para la distribución igualitaria de los montos a cada pensionado.
- Los jubilados reclaman también la falta de seguro médico y de insumos en la red de clínicas de la petrolera debido a que lo que perciben no les alcanza para cubrir gastos de salud. El problema estriba en que el Sistema Constitutivo para la Protección de la Salud (Sicoprosa) está suspendido desde 2019 en las clínicas privadas y se paralizaron los reembolsos por estudios médicos y medicinas. Por esa razón, los jubilados son remitidos a hospitales públicos de Pdvsa, donde denuncian que hay desabastecimiento de insumos y
medicamentos.
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