Venezuela | Informe del Departamento de Estado de EE. UU.: desde ejecuciones extrajudiciales hasta derechos laborales

Caracas.– Ejecuciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, desapariciones forzadas, restricciones a la libertad de expresión, enjuiciamientos injustificados, violencia, hostigamiento, falta de investigación, corrupción gubernamental, barreras para acceder a servicios. Estos son algunos de los temas precisados en el informe 2022 que publicó este 20 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.).

Este documento sobre Venezuela contiene 66 páginas con amplios apartados sobre prácticas de derechos humanos que retratan lo que ocurrió en el país en el 2022, según el monitoreo que realizaron con varias organizaciones.

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“El régimen de Maduro no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, enjuiciar o castigar de manera significativa a los funcionarios que pueden haber cometido abusos contra los derechos humanos o participar en actos de corrupción”, destaca el informe.

En El Pitazo te contamos en claves lo más destacado sobre este documento que presentó el Departamento de Estado:

• Ejecuciones y trato cruel por organismos de seguridad: el gobierno de Maduro fue señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales, aunque no se divulgaron cifras, sí hablaron sobre información que recabaron organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre ajusticiamientos que se reportaron durante el 2022. También, que fuerzas de seguridad fueron vinculadas con tortura y abuso a detenidos.

• Espacios de detención inadecuados: las condiciones de las cárceles y centros de detenciones no son adecuadas por el hacinamiento, escasez de alimentos, condiciones sanitarias, atención médica y violencia sistemática.

• Detenciones arbitrarias: organizaciones registraron al menos 2.000 casos abiertos de detenciones arbitrarias. También destacaron que los organismos detienen y allanan viviendas sin orden, además de denuncias por falta de transparencia, corrupción e influencia política. Foro Penal reportó al menos 277 presos políticos.

• Libertad de expresión: líderes vinculados con el gobierno de Maduro continuaron hostigando e intimidando a estaciones de televisión, medios de comunicación y periodistas privados con amenazas por incautaciones de bienes, investigaciones administrativas, penales y enjuiciamientos. La ONG Espacio Público reportó 228 casos de violaciones a la libertad de expresión. También hubo acciones legales contra medios de comunicación y estaciones de radio independientes de alto perfil, además restricciones e interrupción al acceso a Internet y censura al contenido en línea.

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• Reuniones pacíficas y circulación: también se reportaron limitaciones relacionadas a libertades de convocatoria pacífica, algunas de ellas fueron suspendidas o reprimidas por organismos de seguridad.

• Corrupción: en Venezuela se reporta corrupción generalizada por la impunidad, el debilitamiento institucional sistemático y la falta de transparencia en el manejo de los recursos gubernamentales.

• Organizaciones y derechos: hubo medidas estrictas destinadas a controlar y supervisar las acciones de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, incluida la supervisión adicional de las operaciones bancarias de las ONG. La organización Center for Defenders and Justice registró 291 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

• Violencia: el gobierno de Maduro no publicó estadísticas sobre violencia de género. La policía se mostró reacia a intervenir para prevenir la violencia de pareja y no estaba debidamente capacitada para manejar tales casos. Muchos defensores observaron que había una falta de conciencia pública sobre los recursos y el apoyo disponibles para prevenir y combatir la violencia de género.

• Salud sexual: mujeres, niñas y adolescentes carecían de condiciones e información para tomar decisiones seguras sobre su salud sexual y reproductiva y carecían de acceso a servicios y métodos anticonceptivos en tiempo y calidad. No hubo reportes de aborto forzado o esterilización involuntaria. Además, hubo restricciones en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

• Derechos reproductivos: las mujeres embarazadas se enfrentan a condiciones indignas o inadecuadas para dar a luz, lo que generaba altas tasas de muertes maternas y neonatales, la mayoría de las cuales eran prevenibles.

• Indígenas: las comunidades indígenas informaron que el gobierno de Maduro desarrolló y amplió las zonas mineras sin consultar a los nativos de la región, lo que resultó en un aumento de la degradación ambiental, la contaminación del agua con mercurio y cianuro y la malaria.

• Menores de edad: el registro de nacimiento fue difícil de obtener debido a la escasez de papel necesario para imprimir los certificados de nacimiento. También se registraron esfuerzos por parte del Gobierno por detener y enjuiciar a algunos señalados de abuso infantil.

• Violencia contra las personas Lgbtqi+: las ONG denunciaron incidentes de violencia discriminatoria contra las personas Lgbtqi+. Fueron más frecuentes contra personas transgénero, además de negación sistemática a reconocer a personas transgénero, intersexuales y no binarias para emitir documentos de identidad.

• Personas con discapacidad: muchas personas con discapacidad expresaron su preocupación, ya que la infraestructura de lugares públicos, hospitales y transporte carecen de condiciones para personas con problemas de movilidad o sordas.

• Derechos de los trabajadores: se reportó incumplimiento con las obligaciones del país en virtud del convenio de la OIT respecto a los salarios mínimos y las normas laborales. Estiman que 40 % de la población trabajaba en el sector informal.