Caracas.- Durante los cinco años que ha funcionado la actual Asamblea Nacional, muchos han sido los obstáculos y persecuciones que ha tenido que afrontar en el camino. A pesar de que el artículo 200 de la Constitución otorga a sus diputados una inmunidad que los protege ante la ley, la administración de Nicolás Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se ha encargado de revocar ese fuero a más de 29 parlamentarios, los cuales han quedado a merced de los cuerpos de seguridad del Estado.
La persecución sistemática del Estado, que ha incluido agresiones y amedrentamientos, ha llevado a la mayoría de los diputados con inmunidad allanada a resguardarse en sedes diplomáticas, partir al exilio o continuar con su labor desde la clandestinidad, por lo que han tenido que delegar sus curules a sus diputados suplentes o ejercer a distancia con la implementación del voto virtual. No obstante, también hay parlamentarios que han sido encarcelados estando en funciones, tal es el caso de Edgar Zambrano, quien estuvo detenido por cuatro meses en el Fuerte Tiuna cuando todavía ocupaba la Primera Vicepresidencia de la AN.
Uno de los casos más emblemáticos de diputados puestos tras las rejas fue el de Juan Requesens, detenido el 7 de agosto de 2018 por su presunta participación en un intento de asesinato contra Nicolás Maduro, y que después de dos años recluido en El Helicoide, recibió este 28 de agosto una medida cautelar de casa por cárcel. Sin embargo, todavía quedan otros cuatro legisladores bajo custodia, de los cuales no se sabe aún cuál será su futuro:
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Gilber Caro
Gilber Caro ha sido un caso particular dentro de la historia de la Asamblea Nacional, pues se ha convertido en un prisionero frecuente en los calabozos de los cuerpos de seguridad. El diputado suplente de Rafael Guzmán por el estado Miranda ha sido detenido tres veces, sin ni siquiera pasar un proceso de levantamiento de su inmunidad parlamentaria. De acuerdo con el TSJ, no está protegido por la ley por no ser un diputado principal, por lo que en cada uno de sus arrestos las autoridades han procedido como si se tratara de un ciudadano ordinario.
La primera detención ocurrió el 11 de enero de 2017 en el estado Carabobo, luego de ser abordado en su auto por una alcabala. Según el entonces vicepresidente del gobierno de Maduro, Tareck El Aissami, a Caro le fue incautado un lote de armas y explosivos que transportaba justo cuando iniciaban las protestas ciudadanas de ese año, por lo que fue procesado por traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional. Fue excarcelado 17 meses después, en junio de 2018.
Posteriormente, la madrugada del 26 de abril de 2019, días antes del alzamiento cívico-militar conocido como Operación Libertad, Caro volvió a ser detenido en una arepera de Plaza Venezuela, esta vez sin conocerse motivos claros del porqué. Dos meses después, el 17 de junio, salió con medida sustitutiva de libertad y prohibición de salida del país.
Su más reciente detención ocurrió el 20 de diciembre de 2019, cuando fue interceptado por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) en la urbanización La Florida. Luego de tres semanas desaparecido, se conoció que estaba en el comando del cuerpo policial ubicado en Caricuao, donde permanece hasta la fecha.
Renzo Prieto
Prieto ya se encontraba tras las rejas al momento de su elección para la Asamblea Nacional. En 2014 fue detenido por funcionarios del Sebin y la Faes en un centro comercial por su participación como activista en las protestas estudiantiles y ciudadanas de ese año. Fue imputado por obstrucción de vía pública, asociación para delinquir y fabricación ilícita de armas explosivas, por lo que estuvo detenido en El Helicoide. Estando privado de libertad resultó electo como diputado suplente de Gaby Arellano por el estado Táchira, aunque no pudo juramentarse en el cargo sino hasta 2018, cuando fue liberado junto a Gilber Caro y otros 38 presos políticos, como parte un proceso de negociación entre la oposición y el gobierno de Maduro.
El 10 de marzo de este año, el parlamentario fue detenido junto a sus colegas Zandra Castillo y Ángel Torres, cuando se encontraban en el hotel donde se alojaban después de participar en una marcha hacia el Palacio Federal Legislativo, que fue fuertemente reprimida. Aunque Castillo y Torres fueron liberados horas después, Prieto permaneció detenido en la sede de la Faes en La Quebradita. Posteriormente, el Tribunal 13 del área metropolitana, revocó su medida sustitutiva de libertad.
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Tony Geara
La madrugada del 15 de marzo, funcionarios del Sebin ingresaron en la casa del diputado suplente por el estado Bolívar, Tony Geara, donde se lo llevaron detenido sin ofrecer mayores explicaciones. Dos días después, el Tribunal Segundo de Control, a cargo de la jueza Niurka González, declaró privativa de libertad contra el legislador, sin tomar en cuenta su inmunidad, por los delitos de detentación de artefactos explosivos, tráfico de armas de guerra y municiones, financiación del terrorismo y legitimación de capitales, y se fijó como lugar de reclusión la sede del Sebin en Bolívar.
Familiares y compañeros de su partido, Voluntad Popular, denuncian que el presunto armamento que fue incautado en la vivienda de Geara fue colocado por los propios agentes para «sembrarlo». Igualmente, han advertido que el parlamentario, quien padece hipertensión y había sido recientemente operado de la rodilla, también fue contagiado de COVID-19, por lo que solicitan medidas cautelares para que pueda realizar su tratamiento en casa.
Ismael León
Diputado suplente de José Guerra por Caracas, Ismael León salió el 21 de enero de la sede del partido Acción Democrática, en La Florida, para asistir a la sesión parlamentaria de ese día; sin embargo, nunca se presentó. Horas después se supo que había sido detenido por funcionarios del Sebin, sin una orden de captura, y trasladado a El Helicoide.
León fue acusado por el gobierno de Maduro de haber participado la planificación del asalto al cuartel militar de Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, que formó parte de la denominada Operación Aurora, por lo que fue llevado al Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo, el cual le imputó los cargos de conspiración y asociación para delinquir. Sin embargo, es de resaltar que el diputado también es conocido por haber formado parte de la comisión de Contraloría de la AN en 2018, donde dirigió una investigación a la red de Tiendas Clap y la empresa de alimentos Salva Food, con la cual reveló parte de la red de corrupción en la que participaba Alex Saab.
Dos días después de su detención, el mismo tribunal que lo procesó le concedió una medida de casa por cárcel debido a su condición médica de paciente hipertenso crónico. En ningún momento se le permitió el derecho a la defensa y actualmente tiene prohibido hacer cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación.
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