Caracas.- Este 3 de mayo se celebra el Día mundial de la libertad de prensa, en un contexto país en el que los medios y periodistas están bajo ataque constante desde diversos frentes por el gobierno de Maduro, quien hace uso de diferentes métodos para limitar la libertad de información en Venezuela.
En el primer trimestre de 2021, las libertades cívicas, incluyendo la libertad de información, han recibido al menos 88 ataques.
Solo en marzo, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró que 19 trabajadores de la prensa fueron víctimas de censura, tres periodistas fueron detenidos de forma arbitraria y 11 sufrieron amenazas, hostigamientos y agresiones.
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Además, una emisora de radio fue cerrada y a otra le fueron confiscados sus equipos. También un programa de radio fue sacado del aire y dos páginas web fueron víctimas de bloqueos temporales.
“Durante el primer trimestre del año registramos el cierre de al menos una emisora de radio por mes (…) El acceso a la información es cada día más limitado en Venezuela y el ejercicio de la labor periodística se ha convertido en una actividad de alto riesgo”, sostuvo el Cepaz en su informe.
Por su parte, la ONG Espacio Público registró 55 violaciones a la libertad de expresión durante el primer trimestre del 2021.
Casos clave
Durante lo que va de 2021 han sido dos los casos clave y más evidentes de ataques a la prensa, la detención de dos periodistas que realizaban cobertura a los enfrentamientos en Apure y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el diario El Nacional.
En el primer caso, se trató de los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, quienes en representación del portal NTN24 realizaban la cobertura a los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército venezolano en la población de La Victoria, fronteriza con Colombia.
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A ellos los retuvieron durante 24 horas, sus equipos y teléfonos celulares fueron incautados y fueron catalogados de “traidores” por los funcionarios castrenses y tratados de forma hostil. En ese contexto, el mismo Diosdado Cabello aseguró que todo periodista que haga cobertura sobre estos enfrentamientos sería tratado como un “enemigo del Estado”.
En el segundo caso, el TSJ ordenó a El Nacional pagar 13 millones de dólares como indemnización a Diosdado Cabello por daños morales, como parte de una medida por difamación iniciada en 2015 por el vocero oficialista contra el medio.
Estas acciones se suman al constante hostigamiento y discurso de odio promovidos por altos representantes del gobierno de Maduro.
“En nuestro país no hay libertad de prensa. Acá se intimida, se persigue, se censura, se criminaliza y se cierran medios”, señala el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en un comunicado disfundido este lunes en sus redes sociales.
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