Caracas.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por el avance del proyecto de ley que busca limitar la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
La institución llama al gobierno de Nicolás Maduro a que no ratifique esta iniciativa y a garantizar la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil.
Nicolás Maduro busca emular leyes de Daniel Ortega para controlar las ONG
«La libertad de asociación es una herramienta fundamental para ejercer de forma plena y cabal la labor de los defensores de derechos humanos. Por lo tanto, es necesario que los Estados cuenten con organismos competentes para su registro sin limitar arbitraria y desproporcionadamente dicha libertad», dijo la CIDH a través de una nota de prensa.
El 24 de enero, la Asamblea Nacional aprobó el primer debate del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines; queda pendiente una segunda votación sin fecha definida aún.
Además de acortar las actividades que pueden ser realizadas por las organizaciones, otorga a las autoridades la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, en su criterio, en actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
«La Comisión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) instan a que Venezuela se abstenga de aprobar cualquier tipo de legislación o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés público. Al mismo tiempo, urgen al Estado a adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y el Estado de Derecho», agregó en el comunicado.
Este no es el primer acto gubernamental que tiene como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, restringiendo las libertades de expresarse, asociarse y la de participar en asuntos de interés público.
En 2022, la CIDH y la RELE rechazaron el anteproyecto de ley de cooperación internacional, y en 2021 la Providencia Administrativa No. 001-2021, una norma sublegal que establecería un registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
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