El ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos, ordenó este miércoles el fortalecimiento del sistema penitenciario del país, comenzando con los centros de detención preventiva.
«He ordenado desde la Vicepresidencia Sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz el fortalecimiento del sistema penitenciario, tarea que comienza con los centros de detención preventiva, en el marco de la revolución judicial socialista ordenada por Nicolás Maduro», escribió Ceballos en su cuenta de Twitter.
Este mensaje fue publicado en respuesta a la ministra del Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, quien informó de una reunión, junto a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la que coordinaron políticas públicas en materia de seguridad en las cárceles y los centros de detención preventiva.
Ninguno de los dos funcionarios precisó sobre cuáles serán los planes para el sistema penitenciario.
En junio del año pasado, el gobernante Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión, presidida por el diputado Diosdado Cabello, para hacer una «revolución judicial», con el objetivo principal de acabar con el hacinamiento en un plazo de 60 días en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los reclusos a las cárceles.
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Sin embargo, el pasado 20 de mayo, la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) alertó de que 480 personas privadas de libertad en uno de estos centros en el estado Zulia, en el oeste de Venezuela, se declararon en huelga de hambre como medida de presión para exigir que se destraben sus procesos judiciales y atención para reos enfermos.
El grupo de 410 hombres y 70 mujeres recluidas en el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas San Carlos de Zulia activó la protesta tras esperar respuestas del Gobierno regional y de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial que prometieron atención médica y traslados para más de 100 reclusos, explicó la ONG.
De acuerdo con el subregistro de Una Ventana a la Libertad, publicado en un informe de marzo pasado, 16.595 reclusos están distribuidos en estos calabozos que tienen capacidad para albergar a 10.310 personas por lapsos de 48 horas.
Estas cifras demuestran que, hasta el cierre de 2021, el hacinamiento era del 161 %.
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