Caracas.- El internacionalista Carlos Luna aseguró que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a varios funcionarios del presidente Nicolás Maduro tienen como objetivo generar presión para que el Gobierno venezolano pierda su capacidad de confianza en los contactos internacionales.
“Estas sanciones disminuyen la maniobra política y financiera de Maduro. Es más de lo que se viene llevando a cabo y que ofreció el secretario de Estado, Mike Pompeo, en función de tratar de conseguir un quiebre de la clase dominante para producir una transición política”, señaló este martes 25 de septiembre a El Pitazo.
Luna indicó que, de acuerdo con la explicación del Departamento del Tesoro, se presume que esos capitales bloqueados puedan estar asociados a la corrupción, al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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“Medio Gobierno estaba en conversaciones con China, para que el mundo reconociera el petro. Esa confiabilidad que había logrado no la tienen a partir del incremento de las sanciones de Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea”, agregó.
El experto aprovechó para aclarar que la ayuda internacional es importante, pero no se constituye como una solución al problema político de Venezuela, ya que le corresponde a la sociedad civil en compañía de los partidos políticos y movimientos sociales articularse en función de recuperar la gobernabilidad del Estado.
“Quien esté esperando una solución mágica es un error”, puntualizó.
Luna recordó que en esas sanciones no solo están los funcionarios de primera línea, sino una red secundaria de contactos, tales como José Omar Paredes y Edgar Sarría. El primero fue identificado como el piloto principal de Averuca, una empresa venezolana que opera un avión valorado en 20 millones de dólares, que también fue bloqueado porque estaba a nombre de Rafael Sarría, señalado como el testaferro del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
Mientras que Sarría fue identificado como el director de Quiana Trading, empresa de las Islas Vírgenes Británicas y beneficiaria real de la aeronave antes mencionada, a través de un acuerdo de fideicomiso.
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