Caracas.- El partido político de oposición Bandera Roja (BR) aseguró, mediante un comunicado publicado este viernes, 8 de julio, en su portal web, que las recientes detenciones contra miembros de la organización forman parte de una «razia» (ataque) del gobierno de Nicolás Maduro, lo que demuestra la debilidad del «régimen basado en la arbitrariedad, fuerza y desafuero».
Bandera Roja sostiene que la detención de cuatro dirigentes y dos activistas evidencia «el temor que el régimen de Maduro (Nicolás) le tiene a la lucha popular» y asegura que el oficialismo no les perdona que hayan revelado que el Gobierno se sostiene sobre la corrupción y un alto mando militar al que tilda de degradado.
«No pueden perdonar a los luchadores sociales que con su firme posición de protesta han desenmascarado sus políticas antiobreras y antinacionales demostrando en la práctica que lo que quieren vender como mejora y progreso es una falsa normalidad«, resalta en la misiva.
Asimismo, denuncia que estas aprehensiones recientes se suman al despojo de su tarjeta y sus símbolos electorales desde el año 2013. Pide que se amplíe la unidad gremial y sindical y convoca a crear un Frente Nacional contra la Represión para luchar por los presos políticos, civiles y militares.
Amenazas a otros dirigentes y activistas
La organización política alertó, además, sobre el amedrentamiento recibido por otros integrantes de BR, específicamente el activista social José Castro y los maestros Saúl Pérez y Oxálida Alejos.
Menciona la amenaza contra el directivo sindical de Fetra-Salud, Pablo Zambrano, realizada por Valentín Santana, jefe del grupo paramilitar “La Piedrita”. Indica que a eso se añade que los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco también han sido reprimidos por ejercer el derecho a huelga.
Los detenidos de Bandera Roja hasta la fecha son los dirigentes Alcides Bracho, Néstor Astudillo, un dirigente social y trabajador de la construcción; Alonso Meléndez, un ingeniero pesquero de Falcón, y Reynaldo Cortés, secretario general del partido en Guárico; los activistas por los derechos humanos Emilio Negrín y Gabriel Blanco.
La tolda roja denuncia que algunas de las detenciones se hicieron sin una orden de captura y que en otros casos se ejecutaron mediante allanamientos a sus residencias y violentando sus comunicaciones privadas despojándolos de sus dispositivos celulares, computadores y equipos electrónicos personales y de familiares cercanos.
«No existe hecho punible ni ninguno ha sido detenido en flagrancia y/o cometiendo algún delito tipificado», subraya, por esta razón exige la liberación de todos y que se les respete la presunción de inocencia.
Distintas ONG y otros partidos de la oposición han rechazado las detenciones y aseguran que las autoridades emprendieron una nueva ola de capturas contra trabajadores, activistas sociales y dirigentes políticos antichavistas.
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