Caracas.- Once días después, la Comisión Delegada, instancia que representa la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional electa en 2015, se pronunció sobre el informe preliminar presentado por la Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas para constatar las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela.
Aunque Douhan reconoció en la presentación de su informe, el pasado 12 de febrero, que las sanciones no eran las únicas responsables de la situación de Venezuela, la conclusión de los parlamentarios opositores es una: el informe es “inaceptable y sesgado” y agregan en la sesión de la Comisión Delegada de este martes, que se pone de espaldas al pueblo.
Para Williams Dávila, el informe además, contraría al presentado por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Recuerda también que Venezuela vivió dos bonanzas petroleras importantes: la de 2004-2008 y la de 2011-2012 en las que el país percibió cerca de un billón de dólares, por lo que Dávila se preguntó, “¿dónde está ese dinero?”. Insistió en que las sanciones no son las causantes de los problemas del país sino la corrupción y la ineficiencia.
El diputado Rafael Veloz, por su parte, recordó que Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos del gobierno encargado, fue informado en diciembre 2020 de la visita de la relatora y que el 18 de enero respondió un cuestionario de esta relatoría.
Según Veloz, Prado lamentó que en el informe preliminar de la relatora no aparecieran las observaciones hechas por su oficina. Para el parlamentario, Douhan descartó los puntos de vista que señalaban al gobierno de Maduro como único responsable de la crisis.
“Parece que vino a constatar en qué medida afectaban al régimen de Maduro”, dijo Veloz que cuestionó la poca experiencia de la relatora ya que a su juicio, está en el cargo desde mayo del año pasado.
“Una cosa es pedir la revisión de las sanciones y otra, decir que son las responsables de la crisis y eso no es cierto”, agregó.
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Pero también, Veloz recordó que Bachelet sostuvo que aunque la crisis en hospitales y centros de salud ya existía antes de las sanciones, la atenuación de estas permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia.
Mientras que, para el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, las sanciones son, “el mecanismo de presión de la comunidad internacional para forzar a un régimen totalitario a que se reencauce. Son quizás, el último mecanismo no violento”.
Guanipa también cuestionó que Maduro tuviera un derecho de palabra ante el Consejo de Derechos Humanos y lo calificó de un contrasentido. Reiteró que la crisis es producto de una acción deliberada que busca restringir la democracia y la economía y aseguró que la prueba de ello es que los bodegones están repletos de productos que la mayoría de los venezolanos no pueden pagar.
El parlamentario también le dejó una pregunta a la relatora: “¿son las sanciones las responsables de que se persiga y empuje al exilio a quién piensa distinto?”.
Los parlamentarios electos en 2015 también destacaron que la mayoría de sanciones son individuales y recordaron que en 2016, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se refirió a la situación de Venezuela señalando que la crisis humanitaria se debía a una inestabilidad política.
Insisten en que es el modelo económico y no las sanciones, la causa de los problemas en el país. También recordaron que Bachelet habló en su informe, del compromiso de que en el término de dos años, 10 relatores visitaran el país y hasta ahora, solo se le ha permitido el ingreso al país a Douhan. Sin embargo, los parlamentarios no aprobaron un proyecto de acuerdo ni indicaron si elevarían el rechazo a otras instancias internacionales.
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