Caracas.- Más de tres años han transcurrido desde que Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela, con el apoyo del Parlamento electo en 2015 y el posterior respaldo de 54 países que, en un principio, lo reconocieron como líder del gobierno interino frente a la administración de Nicolás Maduro.
Un bloqueo y desalojo del Palacio Federal, diversas detenciones de opositores, una reforma del Estatuto que norma la Transición aplicado por la Asamblea Nacional de 2015, nuevas elecciones legislativas, así como de alcaldes y gobernadores, celebradas en 2020 y 2021, y un proceso de negociaciones paralizado entre la oposición y el oficialismo son algunos de los hechos políticos más relevantes registrados desde la proclamación de Guaidó como presidente encargado, el 23 de enero de 2019.
Al contexto político interno de 2022, de desgaste acumulado y continuidad de la crisis económica y política, pese a una relativa estabilidad, con una oposición fragmentada que luce lejos de su mejor momento en cuanto a unidad, primero en 2015 y luego en 2019, se suman dos acontecimientos internacionales además de la irrupción de la pandemia: la guerra en Ucrania y la reconfiguración del mapa de poder en tres naciones de la región, dos hechos que, de acuerdo con los analistas consultados por El Pitazo, inciden en las consideraciones de la comunidad internacional sobre el caso venezolano, así como en el apoyo y el reconocimiento del interinato de Guaidó a partir de 2023.
Los recientes acercamientos del Gobierno estadounidense con la administración de Maduro, en medio de un proceso de negociación suspendido que comenzó en México, sumados a la situación de activos venezolanos en el exterior, como Monómeros, y el litigio por el acceso a las 31 toneladas de oro del BCV en Reino Unido, avivan un debate sobre qué va a pasar con el interinato a mediano y largo plazo, un futuro que luce incierto, de acuerdo con el politólogo y director de investigación de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Fernando Spiritto, y el internacionalista, coordinador del área de relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (Faces-UCV), Félix Arellano.
«En lo político, lo que vemos es que el interinato agotó su capital político y el margen de maniobra es muy reducido. La vigencia del Gobierno interino es hasta enero de 2023. Habrá que ver si recurrirán a una renovación, pero en ese caso hay algunos aspectos constitucionales ineludibles», destacó Spiritto.
Una sustitución del Gobierno interino a partir del inicio de 2023 por una instancia similar vinculada con el Parlamento de 2015, cuyo ejercicio tiene una renovación ya, parece una opción sin viabilidad política.
«Los días del Gobierno interino están contados y ese vacío debe ser llenado por la oposición organizada. Sustituir al interinato es complicado, veo muchos vericuetos legales para eso», agregó Spiritto.
Los desafíos y retos que debe enfrentar el interinato no solo provienen del margen de acción que mantiene el oficialismo en 2022, sino también de los factores que conforman la oposición liderada por Guaidó, coalición que en 2023, según lo anunciado por la Plataforma Unitaria, prevé celebrar elecciones primarias para escoger un candidato presidencial unitario.
El propio Julio Borges, del partido Primero Justicia y quien fungió de comisionado para relaciones internacionales del interinato, sostiene su postura sobre la inviabilidad de la continuidad del gobierno interino, por lo que incluso sugiere que la administración de los activos bajo el control del Parlamento electo en 2015 pasen a un fideicomiso o ente independiente multilateral que impida el retorno del control al gobierno de Maduro.
El dirigente de Primero Justicia informó en Twitter sobre su propuesta para la administración de activos en septiembre de 2021, cuando se conoció acerca de la medida de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, instancia que ejecutó un proceso de supervisión de la filial de Pequiven, Monómeros. Posteriormente, en diciembre de ese año, Borges anunció la renuncia a su cargo en el gobierno interino.
«El gobierno interino se ha deformado y se ha convertido en una especie de casta y de fin en sí mismo», dijo entonces en una rueda de prensa vía Zoom.
«Lo más probable es que en el futuro no haya reconocimiento al gobierno de Guaidó, con la excepción de EE. UU. Creo que en el caso de la Unión Europea las sanciones incluso podrían desaparecer. Al final hay un tema importante y es el cambio de las prioridades geopolíticas por la guerra en Ucrania», concluyó Spiritto.
La administración de activos en el extranjero y la rendición de cuentas por parte del gobierno interino, como lo plantean partidos críticos dentro de las facciones parlamentarias opositoras, es uno de los aspectos que genera tensiones en el seno de la Comisión Delegada del Parlamento electo en 2015.
Recientemente, el procurador especial designado por el gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón, aseguró que pese a los cuestionamientos de partidos como Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, la situación legal y financiera de activos como Citgo, cuyo valor se estima en 12 mil millones de dólares, es más ventajosa que en 2019.
En total, principales activos como Monómeros, Citgo y el oro que se mantendrá en el Reino Unido, pues la justicia británica falló recientemente en favor del gobierno interino, suman aproximadamente 1.36 millardos de dólares.
«Los elementos jurídicos en el caso de los activos son importantes, sin embargo, el manejo de los activos depende del reconocimiento de los gobiernos en donde estén. Si eso no se da, pues pasarán a manos del gobierno de Maduro. Habrá que esperar la coyuntura de 2023», concluyó Spiritto.
De lo interno a lo externo
La postura de Estados Unidos con el reconocimiento del gobierno interino fue y es determinante, fundamental, en el plano internacional, sin embargo, según advierte Arellano, toda acción o medida de origen político, como lo es reconocer al interinato de Guaidó, puede cambiar.
«Reconocer a un gobierno interino es una reacción política, no hay un texto internacional que trate sobre gobiernos interinos, sino que se habla de reconocimientos según la legitimidad de origen, fundamentalmente. Pero en el caso venezolano fue una decisión política en la que el gobierno de EE. UU. tuvo un peso significativo e influyó en aliados que defienden los valores occidentales, además de que también han seguido el deterioro de la institucionalidad en Venezuela», explicó el docente de la UCV.
Fuera de Venezuela, la conjunción de situaciones que incluyen no solo las consecuencias sociales y económicas de la pandemia del COVID-19, sino los efectos de la guerra en Ucrania, con una escalada de precios de las materias primas, hidrocarburos, energía y alimentos, que ya se sienten en el ámbito económico mundial, conforman un cóctel que, resalta Arellano, concentra la atención de los gobiernos de Europa y también Estados Unidos.
«En Europa y Estados Unidos están cada vez más preocupados. Los gobiernos están concentrados en Rusia, la guerra y China. Venezuela va perdiendo prioridad por el contexto, eso es inexorable. Si a eso se le suma la desorganización de la oposición venezolana, pues se va perdiendo cada vez más atención», añadió Arellano.
Colombia, en donde el presidente electo, Gustavo Petro, asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, es otro factor relevante que tendrá incidencia en las relaciones del país vecino con la administración de Guaidó, sumado a lo que pueda suceder en Brasil, con un Lula como candidato presidencial con altas posibilidades de llegar de nuevo al Palacio de Planalto.
Consultado sobre qué expectativas hay en el gobierno interino acerca de la llegada de Petro al poder en Colombia y sus implicaciones en el contexto actual de uno de los principales activos de la República bajo la administración del Parlamento electo en 2015, como Monómeros, el miembro del consejo consultivo del interinato, Yon Goicoechea, destacó que esperan que no sea un asunto que se politice.
Esta semana, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, sostuvo una reunión con Álvaro Leyva, canciller que designó el presidente electo de Colombia, encuentro que contó con la presencia del ministro de Exteriores del gobierno de Maduro, Carlos Faría. En la reunión, las funcionarios acordaron restablecer las relaciones bilaterales, suspendidas desde febrero de 2019, luego de la juramentación de Petro.
«El mapa político en América Latina y el Caribe ha cambiado. Estados Unidos ha tratado de mantener el apoyo al interinato, pero hay contradicciones en ese respaldo firme, porque hay negociaciones directas con Miraflores. Por otra parte, ¿qué hemos visto en el resto de los países de la región? El Grupo de Lima se extinguió y fueron apareciendo grupos críticos. Ahora hay una serie de urgencias que han provocado un alejamiento y eso favorece a Miraflores», explicó Arellano.
La reconfiguración de gobiernos vinculados con la izquierda, como en Chile, Colombia y posiblemente Brasil, marcará, según Arellano, una nueva etapa en las relaciones con la oposición venezolana y también con el oficialismo.
«Hay una tendencia que está clara: ir separándose de la figura de un gobierno interino, defendiendo la lucha democrática por otros medios; reconocer a una oposición democrática heterogénea que, mientras más se fragmenta, se debilita. Lula, Boric o Petro ¿serán aliados incondicionales de Miraflores? No, y ellos lo van a demostrar», concluyó Arellano.
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