La presunta muerte por COVID-19 de Erick Echegaray, quien estaba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de El Helicoide, encendió las alarmas sobre la situación de salud de los presos políticos en diferentes organizaciones, quienes han advertido sobre rumores de focos de coronavirus en varios centros de detención.
En la última sesión del primer periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional aprobó este martes, 11 de agosto, crear una comisión con la finalidad de presionar para que se permita una visita que verifique la condición de salud de los presos políticos en las sedes del Sebin; de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la cárcel militar de Ramo Verde, entre otros centros penitenciarios.
Esta comisión está conformada por los diputados Delsa Solórzano (Miranda-EC); Marialbert Barrios (DC-PJ); Rafael Veloz (DC-VP); Luis Barragan (Aragua-Vente Venezuela); Arnoldo Benitez (Aragua- Causa R); William Barrientos (Zulia-UNT) y Freddy Valera (Bolívar-AD), quienes trabajarán junto a la oficina del Comisionado para los Derechos Humanos designado por el gobierno encargado.
El objetivo es conseguir atención médica y medidas humanitarias para los casi 400 presos políticos que contabiliza la oposición.
La diputada Adriana Pichardo (Aragua-VP) señaló que los familiares han denunciado que desde hace cinco meses no permiten las visitas en varios de estos centros, por lo que no saben de sus allegados privados de libertad. Destacó los casos de los diputados Juan Requesens, Renzo Prieto, Gilber Caro y Tony Geara, así como de Ismael León, que aún y cuando tiene arresto domiciliario, le exigen que funcionarios del Sebin estén dentro del apartamento. También se refirió al exsecretario del Parlamento, Roberto Marrero.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Interior, Freddy Valera, indicó que, “en dictadura, son secuestrados políticos”, mientras que el diputado Rosmit Mantilla (Táchira-Independiente), recordó que a Erick Echegaray le faltaban tres meses para el cumplimiento de su pena y que los tribunales rechazaron todas las medidas solicitadas por su defensa.
Echegaray padecía de cáncer y no obtuvo la atención médica adecuada, según Mantilla, que responsabiliza al Poder Judicial y al Sebin por su muerte.“Debemos elevar nuestra voz de protesta. Podemos estar contando muertos en la cárceles”, alertó.
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Voto indígena
La modificación que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la forma en que votarán las comunidades indígenas en el país, fue rechazado por la mayoría de parlamentarios opositores, quienes consideran ilegal el reglamento publicado por el ente electoral.
El instrumento denominado “Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional 2020”, señala que los electores votan por unos voceros que serán quienes en definitiva voten por los postulados a diputados en asambleas públicas a mano alzada.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como presidente encargado, insistió en que no legitimarán lo que califican de fraude, y asegura que lucharán por crear condiciones mínimas de transparencia electoral.
Los disputados opositores aprobaron un acuerdo que contempla desconocer y rechazar en su totalidad el reglamento aprobado por un CNE que agregan, no reconocen.
“Desconocemos por ilegítimo e inconstitucional todo el proceso que pretende anular la voluntad popular de los pueblos originarios como expresión de la venezolanidad y la democracia”, dijo.
Exhortó además a los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, así como sus organizaciones propias, “a dar a conocer la ilegalidad y atropello de la violación de los derechos civiles y políticos” cometidos por el ente electoral al someterlos a una votación de segundo grado para elegir sus representantes.
Los parlamentarios dirigirán una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos; al presidente del Consejo Permanente de la Organización de las Naciones Unidas; a la Comisión de Derechos Humanos y a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en la que se describan todos los hechos que, consideran, configuran la violación de los derechos civiles y políticos de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela.
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Apoyo a AD
Los disputados y representantes de cada una de las organizaciones políticas que integran la Asamblea Nacional rechazaron la toma de las sedes de Acción Democrática (AD) y se solidarizaron con la dirigencia liderada por el diputado Henry Ramos Allup por los hechos violentos ocurridos en la sede de La Florida, en Caracas, donde seguidores de Bernabé Gutiérrez y presuntos colectivos oficialistas arrojaron bombas lacrimógenas contra la tolda blanca.
Finalmente, los parlamentarios aprobaron diferir la presentación, en segunda discusión, del Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, el cual llegó hasta el artículo 10.
Guaidó convocó a instalar la Comisión Delegada y llamó a sesión extraordinaria para el próximo martes.
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