Caracas.- El candidato presidencial independiente, Luis Ratti, era poco conocido hasta el 30 de mayo, cuando informó en sus redes sociales sobre la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar el proceso de elección primaria convocado por la Plataforma Unitaria Democrática y anular a la Comisión Nacional de Primaria que, aseguró, no garantiza la transparencia de la elección interna de un sector mayoritario de la oposición prevista para el 22 de octubre.
Ratti, un antiguo exmilitante oficialista quien, además, fue candidato en la cuestionada elección presidencial de mayo de 2018 y que declinó su aspiración entonces en favor de la candidatura de Henri Falcón, sostiene que sus exigencias con el recurso de amparo presentado ante el TSJ son claras: una primaria sin exclusión, sin participación de inhabilitados, revisión del financiamiento y la designación de una nueva Comisión Nacional de Primaria.
Pero los argumentos de Ratti y lo poco que se conoce sobre el amparo que interpuso ante el TSJ no constituyen en sí una acción o mecanismo con solidez jurídica. De acuerdo con el abogado constitucionalista y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Tulio Álvarez, el recurso de Ratti no tiene ningún asidero jurídico o constitucional.
«El amparo es un recurso extraordinario. Solo procede cuando no hay ningún mecanismo alternativo. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria ha dicho algo importante: el proceso no se ha cerrado, se amplió; en consecuencia, no se puede alegar una violación de un derecho constitucional cuando no ha cerrado el lapso de promoción de candidaturas. Ese es el punto básico. Tampoco tiene una negativa formal de la Comisión», explicó Álvarez, vía telefónica a El Pitazo.
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Ratti sostiene que el proceso de primaria está «viciado, contaminado y empañado» por supuestos compromisos que, asegura, asumió el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, quien recalcó esta semana, en entrevista radial, que el mecanismo de primaria es transparente, organizado con reglas que benefician a todos los aspirantes y que la Comisión no ha rechazado postulación o solicitud alguna por parte de Ratti.
«¿Cuál es la situación jurídica infringida? Ese es el tema. Un amparo lo que persigue es reestablecer una situación jurídica infringida. ¿Cuál es la situación que le infringieron a él (Ratti)», se preguntó Álvarez.
Ratti, expresidente del Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez, dijo a El Pitazo que considera que la primaria no puede ser una elección en la que participe solo «un grupo de la oposición». El empresario y también predicador evangélico resaltó que no se siente excluido, pero reitera que «a todos los candidatos los tienen que tratar igual».
«El proceso de primaria es paraestatal, no es ordinario electoral dentro de los mecanismos de participación y representación política. Como derecho a la representación política, él no puede alegar eso porque puede inscribirse como candidato si cumple con los requisitos. Puede objetar el mecanismo -muchos venezolanos lo pueden hacer-, pero de ahí a que se le violenten derechos fundamentales hay un paso muy largo», agregó Álvarez.
Amparo de Luis Ratti: ¿una medida política?
El 30 de mayo, la Plataforma Unitaria advirtió sobre la acción de Ratti, a quien calificó de «candidato profesional contra la unidad». La coalición opositora vinculó la acción de Ratti con el gobernante Nicolás Maduro.
Más que un recurso para lograr una reivindicación jurídica o constitucional, la acción de Ratti ante el TSJ se ajusta a una medida política. En eso coinciden Álvarez y el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Benigno Alarcón.
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«La pregunta que todos nos hacemos es si en realidad estas motivaciones del señor Ratti son propias o si está coordinando su acción con el Gobierno. No vamos a tener una evidencia clara de eso hasta que no veamos cuál es la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia», dijo Alarcón vía telefónica a El Pitazo.
El empresario de 45 años, cuyo nombre también figuró en 2022 en una disputa legal con el cantautor venezolano Ilan Chester, acudió a la Contraloría esta semana para solicitar un pronunciamiento de esa institución estatal sobre la participación de inhabilitados en la primaria.
En Twitter, Ratti destacó que tanto Henrique Capriles (Primero Justicia), como Freddy Superlano (Voluntad Popular) o María Corina Machado (Vente Venezuela), tres de las principales figuras políticas opositoras que aspiran a obtener la victoria el 22 de octubre, deben apartarse. «Viene una nueva oposición», escribió Ratti en esa red social.
Alarcón destaca que no puede descartarse que el Gobierno esté interesado en apoyar el amparo que presentó Ratti ante el TSJ, su solicitud a la Contraloría o futuras acciones.
«No solo para evitar que se haga la primaria, sino también para forzar que si se hace, sea con sus reglas de juego: si el Gobierno ha inhabilitado a alguien es porque le interesa que no participe en una elección y tampoco en una primaria porque teme que si la gana, se convierta en un problema y que la gente reclame la habilitación de esa persona», explicó el analista político.
Álvarez, por su parte, considera que lo que debería suceder con el recurso de Ratti en el TSJ es que la Sala Electoral, si tiene acceso al expediente, declare inadmisible el amparo.
«Creo que mucho de lo que está pasando tiene que ver con la necesidad de proyectar una candidatura utilizado juicios o procedimientos que despierten la atención de la opinión pública, aparte de eso no le veo ningún resultado útil», resaltó Álvarez.
Aunque el constitucionalista destaca que el TSJ es un enigma, cree que hay límites y dificulta que la acción de Ratti prospere. «No lo veo factible. No tiene claridad alguna ese mecanismo, salvo que sea para llamar la atención sobre una candidatura, no tiene asidero el recurso».
Para Alarcón, es predecible que si el Gobierno está interesado en evitar que alguien participe en una elección presidencial, también lo estaría en impedirlo en la primaria. «Hay que esperar la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia para ver si la mano del Gobierno está detrás de este intento de amparo o no».
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