Caracas.- El asedio contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) continúa. La ONG Provea dio a conocer, el viernes 6 de mayo, el proyecto de ley para la cooperación internacional, en el cual trabaja la Asamblea Nacional electa en 2020 y controlada por el chavismo.
Al respecto, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, señaló a El Pitazo, el lunes 9 de mayo, que este proyecto es el mismo de 2005 con algunos cambios, como en la exposición de motivos, que ahora considera que la cooperación es solo ayuda para el desarrollo y coloca la ayuda humanitaria de una manera subalterna, cuando son cosas diferentes.
Daniels explicó que la ayuda para el desarrollo implica la existencia de estructuras que van a ser mejoradas, mientras que la ayuda humanitaria implica la inexistencia de estas (estructuras) o la falta de funcionamiento de las mismas, como es el caso de Venezuela.
Además, Daniels sostiene que en este proyecto de ley se plantea la ayuda humanitaria como la eliminación de la desigualdad social. “Es decir, la vinculan a derechos económicos, sociales y culturales cuando la cooperación internacional es para todo tipo de derechos, porque los derechos humanos son interdependientes. No se puede dejar de lado uno afectando a todos los demás”, dijo el abogado.
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“Se quiere hacer ver que la exclusión es solo por motivos económicos o sociales y pueden ser por muchas otras razones como la ideología política. Quieren circunscribir la cooperación a un aspecto de los derechos humanos nada más”, agregó Daniels.
Uno de los artículos que preocupa a varios miembros de ONG, entre ellos Daniels, es el artículo 4, relativo a los principios.
El activista indicó que todos los principios expuestos en este artículo están vinculados al respeto a la soberanía y no se menciona como principio a los derechos humanos, contraviniendo, dijo, el artículo 2 de la Constitución, que señala que los derechos humanos tienen un carácter preeminente.
“Esta ley no está hecha para defender los derechos humanos, sino para defender la soberanía, algo que es una contradicción, ya que la soberanía debe su existencia a proteger los derechos humanos. La soberanía no es un concepto que vale por sí mismo, sino que vale en la medida en que la soberanía de un Estado sirve a los derechos humanos”, sostiene el director de Acceso a la Justicia.
El artículo 26 “es sumamente peligroso” para Daniel, ya que habla de la eliminación, prohibición o restricción de las organizaciones.
Explicó que no se señala cuáles son los mecanismos de defensa, sino que establece que cualquier organización que contribuya, de manera directa o indirecta, a la imposición de sanciones contra Venezuela puede ser sujeta a esta ley.
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“Por ejemplo, si una ONG publica un informe sobre la tortura y un país que no tiene nada que ver con esa organización toma medidas contra Venezuela, esa ONG puede ser sancionada. Esto es violatorio del derecho a la defensa, a la asociación”, dijo. Considera “perturbador” la propuesta de “eliminar” a las ONG, pues en Derecho Civil las organizaciones no se eliminan o prohíben, sino que, en todo caso, se disuelven.
Cooperación internacional
Otro término que genera alarma en Daniels es el de “restricción”, pues destacó que implicará una “intervención de hecho” de las organizaciones, porque el Estado les dirá qué pueden hacer y qué no. “Es un cúmulo de situaciones, una peor que la otra, y con una gran asimetría”.
Daniels recordó que la ley vigente establece límites a la ayuda que el Gobierno da al exterior. Entre ellas, establece la obligación de dar seguridad para que los créditos que se den en cooperación internacional por parte de Venezuela se garanticen.
“Todo esto se elimina y no se regula en lo absoluto. Entonces, se desregula la ayuda en cooperación internacional en el sector público y se sobre regula hasta a la asfixia a las ONG”, puntualiza.
Finalmente, Daniels expresó que han tratado de tener una reunión con la Asamblea Nacional electa en 2020 y, en específico, con la Comisión de Política Exterior, que sería la que lleva este proyecto, pero no han podido concretar nada.
Por su parte, la directora del Centro para los Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Andrea Santacruz, agregó, en entrevista el martes 10 de mayo, que no hay claridad en la normativa ni en la definición que se hace de la cooperación internacional.
«Pareciera que se busca algún mecanismo para acceder al dinero que se dona al país a raíz de la emergencia humanitaria compleja, definida así por la comunidad internacional, y que genera unos recursos que parece que el Estado quiere administrar», acotó Santacruz.
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