El 14 de septiembre de 2019 la exsenadora colombiana Aída Merlano fue condenada a 15 años de cárcel por corrupción electoral. Días después se fugó de sus custodios durante una visita odontológica y, luego de meses sin conocerse su paradero, fue detenida por funcionarios de las Faes, el pasado 27 de enero en el estado Zulia. En Venezuela se le fijó a El Helicoide como centro de reclusión y este 6 de febrero tuvo una audiencia oral y pública, solicitada por ella, donde denunció que es una perseguida del presidente Iván Duque. El trato que se le ha dado a Merlano es descrito por el defensor del preso político Juan Requesens de «especial».
Merlano es una abogada de 43 años que fue juzgada en Colombia por los delitos de concierto para delinquir, fraude electoral y tenencia ilegal de armas. A la exsenadora la justicia del vecino país le encontró 268 millones de pesos en efectivo, y documentos que revelaban que su campaña había movido al menos 1.730 millones de pesos, cuando el tope máximo de gastos permitido para cada candidato en ese país es de 884 millones de pesos. También le hallaron registros de votos comprados y un sistema digital para llevar el control de los pagos a los votantes.
Luego de escapar de la justicia colombiana, Merlano fue detenida el 27 de enero por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB en Maracaibo. Fue trasladada del Zulia a Caracas y encerrada en El Helicoide.
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Su audiencia fue transmitida por televisión
Merlano pidió a las autoridades venezolanas una audiencia especial para ofrecer detalles de su caso, la administración de Maduro aceptó. La tarde de este 6 de febrero, la excongresista fue presentada ante el Tribunal Primero de Control con Funciones Vinculadas a Terrorismo, en el Circuito Judicial Penal de Caracas (capital); pero el trato que le dieron efectivos militares y funcionarios judiciales fue diferente al que le dan los presos políticos de Venezuela.
La exsenadora Merlano se presentó ante los tribunales sin uniforme. Vistió un traje rojo y no llevó esposas. La audiencia fue grabada y difundida por el canal del Estado Venezolana y en ella explicó que su condena se debió a que le realizaron un supuesto montaje. «Fui testigo de altas sumas de dinero entregada en las campañas presidenciales», explicó.
Respecto al trato dado a Merlano, el abogado del diputado y preso político Juan Requesens, Joel García indica: «Nadie puede estar en contra de que a una persona se le trate como ser humano, como se le hizo a ella, aún cuando haya delinquido. Hay un principio de presunción de inocencia que indica que al detenido se le debe dar el trato de inocente. Lo que si no fue pertinente es que todas las audiencias que se hacen en un proceso penal tengan carácter privado».
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Según García, la mayor desigualdad de la audiencia de Merlano en comparación a las realizadas a Requesens o a otros presos políticos de Venezuela es la convocatoria a medios de comunicación y su transmisión a través de medios de comunicación del Estado. «Los juicios en Venezuela tienen el carácter de público, como lo expresa la Constitución en su artículo en su artículo N° 6 y el Código Procesal Penal en su artículo N° 3. Pero en el caso del magnicidio (a Maduro) no se le ha permitido el ingreso a las audiencias a delegaciones diplomáticas, ni a amigos; solo a familiares directos como padres y madres; pero en la última audiencia (5 de febrero) no se le permitió el acceso a nadie», relata el defensor.
García ofrece una radiografía de esa última audiencia, cuyos detalles se describen distintos a la que tuvo Merlano. «Requesens y las otras personas acusadas fueron trasladadas al Palacio de Justicia con retraso, llegaron a las 1:00 pm con un arnés en su cintura al que estaban esposados y no podían mover sus extremidades superiores. No pudieron tomar agua ni comer algo, ni siquiera rascarse la nariz». Indica que a la audiencia asistieron aproximadamente 60 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con equipo antimotín.
«No tuvimos una audiencia formal sino hicimos una audiencia dentro de un cuartel«, dice García.
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El abogado indica que a los hombres y mujeres que ejercen como la defensa del caso del magnicidio también les hicieron una severa requisa antes de entrar al Palacio. «No podemos entrar ni siquiera con un reloj, porque para ellos está prohibido y no existe una norma ni una ley que nos prohíba ingresar con un reloj, un celular o un bolígrafo, con cosas que ellos pretenden que vamos a realizar delitos. Revisaron hasta nuestras anotaciones y nos quitaron los zapatos”, agregó.
García afirma que aplaude el trato dado a la exsenadora colombiana, pero como defensor de un preso político exige uno similar para un ciudadano que también tiene el cargo de diputado de la República.
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