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sábado, 2 marzo, 2024

Abogados descartan validez jurídica de acusaciones contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria

Tres abogados consultados por El Pitazo, Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, y Eduardo Torres, especialista en Derechos Humanos, así como el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Antonio Marval, advierten, además, sobre la comisión del crimen de persecución por razones políticas, delito de lesa humanidad, por parte de la Fiscalía

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Caracas.- El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó el viernes 27 de octubre sobre la citación dirigida a tres de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, para que acudan a la sede principal del Ministerio Público «en calidad de investigados» por denuncias sobre presuntas irregularidades vinculadas con la elección Primaria del 22 de octubre.

El 25 de octubre, Saab anunció la investigación, a partir de denuncias -sin presentar pruebas- que expuso el miembro de la Asamblea Nacional oficialista, José Brito, quien calificó de estafa, como también lo hicieron otras figuras oficialistas, al proceso electoral interno del sector mayoritario de la oposición, celebrado el 22 de octubre.

Fiscalía cita a tres integrantes de la Comisión Nacional de Primaria

Saab detalló el 25 de octubre la designación de fiscales para investigar los supuestos delitos precalificados de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Tres abogados consultados por El Pitazo, Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, Eduardo Torres, abogado especialista en Derechos Humanos, así como el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, Antonio Marval, descartan la validez jurídica de la investigación y acusaciones contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Advierten, además, sobre la comisión del crimen de persecución por razones políticas, un delito de lesa humanidad.

Primaria sin CNE es legal

Saab sostiene que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único órgano encargado de organizar elecciones vinculadas con las organizaciones con fines políticos, por lo que la Primaria, según resaltó al destacar el artículo 293 de la Constitución, en su numeral 6, debía contar con la participación del CNE.

Pero Mundaray descarta que sea ilícito que el sector mayoritario de la oposición en torno a la Plataforma Unitaria Democrática organizara la primaria sin la asistencia técnica del CNE.

La Primaria, de acuerdo con lo detallado por Mundaray vía telefónica, «es una fórmula de organización de la sociedad que permiten los artículos 70 y 71 de la Constitución, pero que además, conforme al artículo 293, se puede o no solicitarle asistencia técnica al CNE. Por eso es absolutamente facultativo de quien organiza el proceso».

«Inicialmente se le pidió al Poder Electoral un acompañamiento técnico que no se dio, entonces se puede seguir porque no hay una ilicitud (…) Lo prohibido está en la ley de manera expresa. Si algo no está de forma expresa en la ley, los ciudadanos pueden hacer extensión de sus derechos y eso fue lo que se hizo. No es ilícito, a la luz del artículo 293, numeral 6, la organización de la primaria sin el CNE», detalló Mundaray.

No hay usurpación de funciones electorales

Torres, por su parte, resalta que la acusación de usurpación de funciones electorales no tiene ningún sustento jurídico, pues la Comisión Nacional de Primaria, al organizar una elección autogestionada lícita, no actuó en nombre del CNE.

«Es falso que haya usurpación de funciones electorales. La Comisión Nacional de Primaria no actuó en nombre del CNE. Precisamente, la Primaria se realizó porque no constituía un delito, de lo contrario las propias ramas del poder público nacional, subyugadas por Maduro, lo habrían impedido. Lo que le duele a Maduro es el resultado de la primaria», agregó Torres vía telefónica.

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Marval destaca que la Comisión Nacional de Primaria actuó de manera transparente. «Ha actuado con total transparencia y diligencia en la organización de un evento de gran trascendencia para el país. La Comisión Nacional de Primaria no ha incurrido en ninguna conducta delictiva», resaltó vía telefónica.

Mundaray añade que la acción anunciada por Saab vulnera no solo lo que establece la Constitución, sino el propio acuerdo que firmaron Gobierno y oposición en Barbados, que establece el respeto de las partes para seleccionar el mecanismo que crean pertinente para definir, cada una, al candidato presidencial.

«Saab está desacatando la primera parte del acuerdo de Barbados, pero además destrozó el numeral 6 del artículo 293 de la Constitución y desconoce los artículos constitucionales 70 y 71, que le dan la facultad a la sociedad civil para organizarse en los términos que considere para hacer sus consultas sin el CNE», añadió el exfiscal.

Sobre la presunta usurpación de identidad

Tanto Torres como Mundaray puntualizan que la Fiscalía debe demostrar que, en efecto, ha habido una usurpación de identidad por un señalamiento concreto, pues hasta el momento eso no ha ocurrido.

«El delito de usurpación de identidad no se empieza de oficio, tiene que haber alguien que genere un señalamiento concreto de que en un acto de carácter privado o público le han usurpado la identidad. Eso se desconoce en este momento. Además, para que se determine que a alguien le han usurpado la identidad, se debe tener a la persona usurpada y tener algún dato que permita establecer quién es el usurpador», detalló Mundaray.

Torres califica de infundados todos los señalamientos que precisó Saab al anunciar la investigación contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria. «Es falso eso de usurpación de identidad. Todos los venezolanos que participaron decididamente en la Primaria salieron con cédulas y, además, los cuadernos electorales fueron destruidos como parte de los acuerdos de los factores políticos y el reglamento del proceso».

Acusaciones preocupantes

Las otras dos acusaciones que detalló Saab son presunta legitimación de capitales y supuesta asociación para delinquir, ambas sin sustento, de acuerdo con Torres y Mundaray, quien califica de descabelladas las acusaciones.

«La legitimación de capitales es un delito conexo, que requiere que se haya obtenido una cantidad de dinero que se haya ocultado y que provenga de una actividad ilícita. En este caso no hay delito conexo. ¿Qué capitales estás legitimando cuando no hay ningún acto previo que tenga ánimo de lucro? ¿Cuál es el acto ilícito con ánimo de lucro? Ninguno. Y no existe asociación para delinquir porque ninguno de los hechos son criminales», precisó el exfiscal.

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Sobre la acusación vinculada con el presunto de delito de asociación para delinquir, Torres precisa que es el mismo tipo penal que el Ministerio Público imputa a los dirigentes sindicales que se asocian para defender DD. HH. Calificó de preocupante ese señalamiento.

Inseguridad jurídica

Mundaray resalta que la citación a tres de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, «en calidad de investigados» como precisa el documento que divulgó Saab en sus redes sociales, incumple con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal porque en el caso de las citaciones, en la ley no existe la condición de investigado.

«La citación es inconstitucional. Si yo soy imputado, usted me lo tiene que decir y esas citaciones no lo dicen; la cualidad de investigado no existe en el Código Orgánico Procesal Penal. Esto es muy grave y genera una inseguridad jurídica enorme. Lo primero que deben hacer los miembros de la Comisión es presentarse allá y decir que les están violando sus derechos», detalló Mundaray.

El exfiscal del Ministerio Público advierte sobre la necesidad de que los miembros de la Comisión Nacional de Primaria denuncien ante todos los organismos, internos e internacionales, el crimen de persecución por razones políticas.

«Habrá una audiencia, el 7 y 8 de noviembre, en la Corte Penal Internacional en la que una de las cosas que se va a ventilar es el crimen de persecución por razones políticas y esto es una expresión muy clara de que en Venezuela hay una persecución por razones políticas», concluyó Mundaray.

Marval, por su parte, puntualiza que las acciones gubernamentales y la situación que involucra a miembros de la Comisión Nacional de Primaria «pone de manifiesto que la disidencia política en Venezuela se enfrenta a la aplicación de una interpretación del derecho penal orientada hacia los enemigos políticos».

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