Caracas.- La oficina del Comisionado para Derechos Humanos (DD. HH.) del gobierno encargado, que preside Juan Guaidó, presentó un informe en el que se evidencia “la flagrante violación al debido proceso y torturas” en 22 casos de militares que documentaron bajo condición de confidencialidad.
Cada uno de los casos cuenta con los relatos de las víctimas, según indicó Daniela Suárez, integrante del equipo legal del Comisionado, este jueves 10 de diciembre.
Asfixia con bolsas plásticas impregnadas de talco, descargas eléctricas, obligado a desnudarse, aislamiento en lugares con baja temperatura y privación del sentido de la vista fueron algunas de las torturas aplicadas a un alto funcionario que era simpatizante del chavismo y que luego se alejó.
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Las torturas no solo se las aplicaron a él. También a su esposa, quien sufrió secuelas y actualmente está en el exilio.
Este caso está relacionado con el alzamiento militar del 30 de abril de 2019. Tras el fracaso de este movimiento, varios militares fueron detenidos.
También documentaron el caso de un detenido que fue presentado con signos de tortura, pero ni el juez ni los abogados públicos que le asignaron, porque le negaron el derecho a la defensa, solicitaron una investigación formal.
El informe señala, además, que en un solo caso se iniciará una investigación formal.
Y un solo caso ha derivado en condena y el responsable fue imputado, primero, por un delito menor: homicidio preterintencional.
Conclusiones
El informe concluye que, como parte de las violaciones al debido proceso, los detenidos son sometidos a interrogatorios extenuantes y violentos.
Los funcionarios buscan que los detenidos impliquen a María Corina Machado, Juan Guaidó y Julio Borges. Cuando se niegan, son más agresivos contra los detenidos.
Otra de las violaciones tiene que ver con las audiencias de presentación, preliminar y de juicio, las cuales tienden a ser tardías con decisiones de privativa de libertad, en su mayoría.
“La prisión preventiva ha sido una regla”, señala la abogada Suárez, quien agrega que hasta siete meses se puede tardar el Ministerio Público para presentar actos conclusivos, cuyo lapso es de 45 días, y todos concluyen en acusación.
En el caso de los juicios, se tardan uno o dos años para iniciarlos y en los últimos meses se han paralizado por la pandemia.
Tampoco se notifica a los familiares y abogados sobre la fecha y hora de las audiencias, las cuales, en muchos casos se producen a altas horas de la noche o en la madrugada.
A los abogados se les impide ver expedientes y tener acceso a su defendido. También ocurre que a los detenidos se les imponen defensores públicos.
En cuanto a las acusaciones y condenas, estas se dan sin elementos de convicción. En muchos casos, se basan en testimonios de una solo persona que decía que los militares se habían reunido y planeaban actos desestabilizadores.
El informe plantea, además, cómo existe un discurso estigmatizante por funcionarios de alto nivel del gobierno Maduro en contra de los detenidos.
En cuanto a la atención médica, denuncian que solo se limitan a tomar fotos, pero el detenido no recibe atención médica adecuada.
Se encontró que hay ausencia de investigación y falta de sanciones penales contra funcionarios responsables de tortura.
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