Caracas.- 166 organizaciones sociales y de Derechos Humanos exigieron al gobierno de Nicolás Maduro que se impulse un plan para controlar el porte de armas en Venezuela con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad física de los ciudadanos.
Según un artículo publicado el pasado 9 de julio en la página de Provea, las 166 ONG pidieron una investigación sobre los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las instancias del Estado hacia las bandas criminales de la Cota 905, entre otros lugares del país.
Igualmente, solicitaron al Estado venezolano que evite una masacre en las comunidades afectadas por los enfrentamientos entre funcionarios de seguridad y bandas delincuenciales lideradas por “el Koki”, “el Vampi” y “el Garbis”.
Con respecto a la balacera ocurrida en la Cota 905 y sus alrededores, a partir del 7 de julio, las ONG piden la urgente aplicación de cinco medidas para la protección y garantía de los Derechos Humanos de la población civil:
1.- Las políticas de “mano dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), sólo produjeron cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales, lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento. Ante este fracaso, urgimos a desarrollar estrategias de reducción de daños, comenzado por el cese al fuego.
2.- Cualquier política de seguridad ciudadana debe ser sometida a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, con una amplia participación por parte de la ciudadanía y líderes legítimos de las comunidades afectadas.
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3.- Es fundamental retomar las recomendaciones elaboradas durante el proceso de reforma policial y de la comisión para el desarme, en especial, el marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los respectivos controles, fiscalizaciones y supervisión de sus parques de armas.
4.- Pedimos no criminalizar a niños de familias desplazadas de sus viviendas a causa de los enfrentamientos entre bandas antisociales y funcionarios policiales.
5.- Exigimos que cualquier operativo para la seguridad ciudadana garantice el derecho a la vida y la libertad de tránsito. Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo deben procesar y dar respuesta a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en operativos policiales.
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