Fundadora de Foro Cívico: “Ley sobre ONG es violación a los derechos humanos”

El pasado 2 de marzo, 515 lectores de El Pitazo se congregaron en el forochat “¿Peligra el derecho a la asociación en Venezuela?”, realizado a través de WhatsApp. El evento contó con la participación de Mariela Ramírez en calidad de invitada, quien es miembro fundador de las organizaciones Foro Cívico y Dale Letra.

Su ponencia se enfocó en los problemas denunciados por más de 400 organizaciones nacionales respecto al nuevo proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, aprobado el 24 de febrero en primera discusión por la Asamblea Nacional electa en 2020.

Ramírez asegura que el nuevo proyecto de ley sobre las ONG vulnera los derechos de libertad de asociación, participación y actuación ciudadana en los asuntos públicos, que están consagrados en la Constitución, otros reglamentos nacionales y tratados internacionales firmados por el país.

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“Es un proyecto se presentó en medio de un discurso oficial estigmatizante, de desprestigio y criminalización injustificada contra las ONG que, aparte, representa una amenaza para los beneficiarios de las labores humanitarias de asistencia, protección, defensa y acompañamiento que prestan cientos de ONG en Venezuela”, señaló.

Adicionalmente, la invitada listó los siguientes problemas alrededor de este nuevo instrumento legal:

• Despoja a la sociedad venezolana de su capacidad para organizarse y asistirse de forma autónoma para resolver problemas, sin intervención del Estado.

• Limita la capacidad de participar en asuntos de interés público y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional.

• Declara la inexistencia de todas las formas de asociación sin lucro mientras no se adecúen a la nueva normal, aún cuando ya estén registradas o funcionando bajo el ordenamiento jurídico vigente.

• Somete a las organizaciones al régimen jurídico de control del Estado, pues el registro tiene requisitos obligatorios que vulneran el Estado de derecho y las bases sobre las que se forman las ONG.

• Las sanciones planteadas en el texto son excesivas, desproporcionadas y ambiguas, haciendo que su aplicación quede supeditada a la discrecionalidad del Estado.

Ramírez indicó que esta normativa debe ser desestimada, una posición que comparte con las más de 400 organizaciones que han levantado su voz en contra, pues el texto presentado como proyecto de ley, asegura, contiene numerosas violaciones a los derechos humanos.

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Sin embargo, aclaró que “las ONG no están en contra de ser fiscalizadas y reguladas, pero el proyecto presentado requiere una reforma que cumpla con lo establecido en las leyes nacionales y tratados internacionales suscritos por Venezuela. Debe reconocerse, respetarse y facilitar el derecho a la libre constitución, funcionamiento, actuación y formalización de personalidades jurídicas basadas en las distintas formas de asociaciones libres de lucro”.

Además, puntualizó que es necesario que se respete la libertad y autonomía de las personas a organizarse y participar en asuntos públicos sin previa autorización.

Junto a esto, Ramírez hizo un llamado de atención a la sociedad venezolana, pues considera que la ciudadanía también debe sumarse a la lucha, ya que estaría siendo afectada directa e indirectamente.

“La población tiene que defender su derecho a la asociación y participación. Debe exigírsele al Estado venezolano que promueva, respete y proteja los derechos humanos, así como negarse a aceptar cualquier restricción sobre ellos”, finalizó.