Caracas.- El pasado 2 de abril se realizó el forochat «Ley contra el fascismo: riesgos para los partidos, medios y ciudadanos», en el que participaron 843 lectores. El evento contó con la experticia del abogado y codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, en calidad de especialista invitado para hablar sobre uno de los más recientes proyectos de ley presentados a la Asamblea Nacional.
Al iniciar, Daniels se refirió a la definición que aparece en el artículo cuatro del texto filtrado sobre este proyecto de Ley, en el que se entiende al fascismo como “una postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra la democracia, sus instituciones y valores republicanos y/o promueve la supresión de derechos y garantías”.
Para el abogado esta no solo es una definición que se aleja a conveniencia de las definiciones académicas de esta ideología política, también se ve agravada por los rasgos comunes que el proyecto de ley asocia al fascismo.
“Esta ley toma al conservadurismo moral como un rasgo fascista común”, advirtió el invitado. Considera que es un concepto vago, pero especialmente abierto a la libre interpretación para los intereses del Estado, porque “cualquier cosa puede ser considerada conservadora, solo basta que incomode a alguien. Asimismo, el texto hace mención al neoliberalismo como rasgo común del fascismo, una afirmación que viola deliberadamente la libertad de pensamiento en el país”, añadió.
Daniels aseguró que este proyecto de ley es vejatorio de multitud de derechos, especialmente fundamentales, como la libertad de prensa, expresión e información, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento y muchos otros más. Además, es tan grave que permite al Estado sancionar o penalizar a cualquier individuo solamente por pensar diferente. Y, aparte, representa una modificación a todo el derecho penal venezolano al reintroducir los delitos de peligro.
“Un delito de peligro significa que basta con que una autoridad considere que una persona es peligrosa para sancionarla, aunque no haya cometido delito alguno. Estos fueron eliminados en 1998 luego de derogarse la Ley de Vagos y Maleantes y su reinserción viola la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y los acuerdos de DD. HH. suscritos por Venezuela”, explicó el abogado.
¿Una ley contra el fascismo o dominación psicopolítica?
Luego, al ser consultado sobre las sanciones que tipifica el proyecto de Ley, Daniels reveló la gravedad de algunas de ellas, que son totalmente desproporcionadas respecto al acto cometido.
Se le pueden dar de ocho a doce meses de prisión a cualquier persona que solicite o promueva acciones violentas, pero también a quienes denigren la democracia, sus instituciones y los valores democráticos. Asimismo, pueden recibir de seis a diez años de prisión quienes hagan apología o promuevan los principios o métodos del fascismo.
Aparte, el invitado apuntó que el proyecto deja de lado sanciones particulares y puntuales para enfocarse en sanciones con un amplio espectro de interpretación y aplicación, algo que no se apega a derecho. “Cosas como difundir mensajes fascistas, pero también el estudio, promoción o análisis del pensamiento fascista se convertirían en hechos sancionables”, puntualizó Daniels. “Además, se convierte al CNE, a CONATEL y a otros entes en instrumentos de represión”, agregó.
Un proyecto de Ley a la medida del contexto actual
Para finalizar, Daniels indicó que la presentación de este proyecto de Ley se ajusta perfectamente al contexto que atraviesa el país. “Se presenta en medio de un contexto electoral donde la violencia por parte del Estado ha ido en aumento a través de la persecución, detención y hasta desaparición de opositores, críticos y defensores de derechos humanos”. Además, se hace en medio de la discusión o reciente aprobación de otra serie de leyes de corte persecutorio y represor.
“La primera es el proyecto de Ley contra las ONG, del que tampoco se conoce el texto oficial y que viola flagrantemente la libertad de asociación en el país al permitir la intervención, ilegalización, aplicación de multas confiscatorias y disolución de organizaciones de la sociedad civil a través de la vía administrativa. La segunda es la Ley para la Defensa de la Guayana Esequiba, que, sin ser una ley electoral, incluye la posibilidad de que un ciudadano sea inhabilitado políticamente incluso después de haber sido elegido y en pleno ejercicio de su cargo. Y de tercera está la recién anunciada reforma constitucional que Maduro quiere ejecutar en 2025 para incluir la pena de cadena perpetua por delitos de corrupción y traición a la patria, algo que podría ser utilizado como herramienta de represión y control”, cerró el abogado.
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