El jueves 29 de febrero, el equipo de El Pitazo en la calle convocó a la abogada especialista en derechos humanos, Martha Tineo, a participar en el forochat Amenazas contra las ONG de DD. HH. en Venezuela: ¿cierre del espacio cívico? El evento, realizado el jueves 29 de febrero, contó con 737 asistentes a través de la plataforma WhatsApp.
La ponencia de Tineo abordó el impacto que tendría la aprobación de dos proyectos de ley que actualmente se discuten en la Asamblea Nacional: el proyecto de ley de cooperación internacional y el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines (conocido como ley sobre las ONG).
La abogada explicó que el proyecto de ley de cooperación pone en riesgo la ayuda humanitaria que entra al país desde otras naciones y organismos internacionales. El impacto podría ser tal que quizás afectaría a los más de 2,1 millones de personas en situación de vulnerabilidad que se vieron beneficiados en 2023 por esta ayuda, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
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Tineo destacó que su mayor preocupación está en el proyecto de ley sobre las ONG, ya que este “cuestiona el origen de fondos y trabajo de estos organismos. Asimismo, busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar estas organizaciones”.
Para la especialista, este proyecto violenta derechos fundamentales, como el de asociación y privacidad, puesto que este instrumento dota al Estado de un control discrecional y absoluto sobre quienes deseen organizarse, asociarse o constituirse para accionar sin fines de lucro, así como a los beneficiarios de dichas asociaciones.
El riesgo es tal que Tineo afirmó que “de aprobarse, la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela podría profundizarse, además de que se incrementaría la migración forzada. Aparte, el proyecto de ley violenta los derechos a la manifestación pacífica, la libertad de expresión y la participación ciudadana, por lo que representan un claro cierre del espacio cívico en el país”.
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La abogada advirtió que estos proyectos de ley son preocupantes para las libertades y derechos de los venezolanos, pero forman parte de un problema mucho mayor: el proceso de cierre del espacio cívico como política sistemática de Estado. Como ejemplo de ello señaló tres acciones que se han repetido frecuentemente en los últimos años y que recientemente volvieron a ser noticia:
- La persecución, detención arbitraria y desaparición forzosa y sistemática de críticos, opositores al Gobierno y defensores de derechos humanos, como sucedió con Rocío San Miguel y sus familiares el 9 de febrero.
- Opacidad por parte del Estado en la información ofrecida sobre el paradero, razones y condiciones de cautividad de los detenidos, otro problema que sufre Rocío San Miguel
- La expulsión de diplomáticos y funcionarios de organismos internacionales que denuncian o investigan la violación de derechos humanos y otros problemas en el país. Un ejemplo de este tipo de medidas es el caso reciente de la suspensión de actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el 15 de febrero.
Todos estos y otros tantos hechos similares son prueba de ese cierre sistemático del espacio cívico que denunció la abogada, quien, para finalizar, aseguró que el Estado debe dejar de ver a los defensores y organismos de derechos humanos como sus enemigos. “Contrario a ello, son grupos que acompañan a las víctimas en su búsqueda de la verdad, justicia y reparación de daños. Además, los defensores de derechos humanos solo impulsan a que se superen las deficiencias del sistema de justicia”, cerró.
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