Maturín.- Hasta el viernes 14 de febrero, al estado Monagas solo llegan tres de las nueve gandolas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se necesitan a diario para cumplir con la demanda en los 13 municipios que componen la región; serían 142.500 litros y no 427.500 litros de gas doméstico los que se distribuyen desde los tres llenaderos: dos en Maturín y otro más en Barrancas, en la zona sur.
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La precisión corresponde al diputado del Consejo Legislativo por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Albert Narvárez, quien asegura que el déficit en la distribución de gas doméstico tiene su origen, primero, en fallas que se presentan en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui y segundo en la cadena de distribución en Monagas, que no están asociadas con el personal que las reparte.
El diputado señaló que las irregularidades en el despacho del GLP en Monagas se evidencian desde hace cuatro años cuando desde Anzoátegui comenzaron a enviarse entre tres y siete gandolas diarias. Al mismo tiempo, refirió que el plan de distribución de cilindros tiene fallas estructurales que deben ser investigadas para que se demuestre que los trabajadores no son los que incumplen con la colocación en los hogares.
“Hay unos cuellos de tortugas que tienen que destrabarse y con esto tampoco me refiero a que la culpa la tengan los comités locales de abastecimiento y producción, porque ellos solo organizan la venta en las comunidades y no las distribuyen. Aquí debe investigarse, por ejemplo, qué pasa con ese dinero que cancelan los usuarios y luego pasan meses esperando a que se las lleven”, sostuvo.
Narváez está consciente de que esta irregularidad ha hecho que los habitantes esperen hasta tres meses por la restitución del servicio y además que en el mercado negro un cilindro de 10 kilogramos se venda hasta en 120.000 bolívares, como lo pagó Mary Carmen Fermín, ama de casa, hace dos semanas; “tenía que resolver porque en mi casa no podemos cocinar en leña, porque mi hijo es asmático”, expresó.
Fermín vive en Las Trinitarias, al este de Maturín, y allí sus vecinos han optado por comprar cocinas eléctricas o pagar en dólares en los llenaderos para que le entreguen un cilindro recargado. “La gente que puede pagar lo hace, pero lo peor lo están viviendo en los barrios donde la gente no puede gastar tanto por una bombona de gas doméstico que además no vienen completas”, se quejó.
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En el sector 4 de Febrero, los habitantes aseguran que los camiones de Gas Comunal no transitan con frecuencia y por eso están cocinando con leña desde noviembre de 2019. Aracelys Peña, vecina, afirma que no hay camiones para el despacho. Sobre esto, el diputado aseguró que solo funcionan 22 de los 30 que deberían estar operativos y que en el retraso en la distribución también incide que los equipos en las plantas de llenado están obsoletos.
Por otra parte, Narváez se quejó por la criminalización del derecho al reclamo laboral. El legislador se refirió al amedrentamiento del que han sido objeto en dos oportunidades los 400 empleados de Gas Comunal al reclamar mejores beneficios laborales; “este lunes había un dispositivo de las Fuerzas de Acciones Especiales frente a la planta de la Alirio Ugarte Pelayo, donde no era necesario. Simplemente, se apostaron allí porque se iba a realizar una asamblea informativa con el personal”, indicó.
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