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martes, 7 mayo, 2024

Habitantes de Yaguaraparo denuncian procedimientos arbitrarios del Conas

Un comerciante fue detenido el 18 de octubre y familiares denuncian que le colocaron en el expediente que portaba un lote de proyectiles. En las zonas altas del municipio Cajigal alegan que funcionarios policiales han ingresado a las viviendas cargando alimentos, dinero y ocasionando daños a los inmuebles

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Carúpano.- Habitantes de Yaguaraparo, en el municipio Cajigal del estado Sucre, denunciaron que desde el 18 de octubre de 2019, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional, llegó al pueblo cometiendo procedimientos arbitrarios y causando daños en viviendas a su paso. Destacan que ese mismo día se llevaron detenido a un comerciante a quien golpearon y le colocaron en el expediente que tenía en su poder un lote de proyectiles, situación que desmienten.

La denuncia la formuló Any Muñoz, esposa de José Inés Aguilera Lárez, de 37 años de edad, comerciante, quien en estos momentos permanece en la sede del Conas, en Cumaná, con una medida privativa de libertad por la jueza segunda de Control, Luzcarelis Rojas Vargas, del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Carúpano.

Muñoz, con la voz entrecortada, relata que es una pesadilla lo que están viviendo ella y su familia. Aclaró que nunca habían estado metidos en problemas con la ley. Sostiene que son oriundos de la población y que residen en la calle principal del sector Kuwait de Yaguaraparo, donde también tienen el negocio y son ampliamente conocidos.

“El viernes 18 de octubre, sin orden de allanamiento, entraron a mi casa funcionarios de Conas con armas largas en busca de mi esposo, quien se encontraba en ese momento en la casa de su mamá, a quien le dio un ACV. Con las armas amenazaron a nuestros hijos de 9 y 2 años de edad”, agregó Any Muñoz.

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Destaca la declarante que los funcionarios la obligaron a subir con sus dos hijos a un jeep y la trasladaron hasta la calle El Trapiche, donde estaba Aguilera Lárez, quien fue detenido inmediatamente. La familia conoció el paradero del detenido el sábado 19 de octubre, cuando lo ubicaron en la sede de la Guardia Nacional de Carúpano.

“Pero antes mi esposo fue llevado a un galpón donde fue torturado y agredido con objetos contundentes en diferentes partes de su cuerpo. Y hasta la fecha no ha sido atendido por un médico forense y uno privado como lo especificó el tribunal, porque arbitrariamente fue llevado hasta Cumaná”, añadió.

La esposa del detenido explica que el lunes 21 de octubre, José Inés Aguilera Lárez es trasladado al Circuito Judicial de Carúpano para la audiencia de presentación por parte del Ministerio Público. En ese acto, el Tribunal Segundo de Control le decretó la privación de libertad por los delitos de asociación para delinquir y posesión de proyectiles, ordenando su reclusión en la sede del puesto de la Guardia Nacional en la población de Bohordal, en Yaguaraparo, municipio Cajigal.

La medida no fue acatada por el Conas y la familia insiste que los 12 proyectiles fueron colocados al detenido. “Mi esposo se dedica a la compra y venta de cacao y a nuestro negocio de víveres. Esto es una pesadilla, él no trafica con armas ni proyectiles y ahora colocaron también en el expediente que estaba con una mujer, que supuestamente fue la que le entregó los proyectiles y es falso”.

Otras irregularidades

Habitantes de Yaguaraparo, que tienen miedo a represalias, manifestaron que se están organizando para formular la denuncia ante la Fiscalía sobre abusos que se vienen cometiendo en el municipio Cajigal, donde funcionarios del Conas y otros organismos de seguridad ingresan a las casas ubicadas en las zonas altas y si no encuentran a los propietarios rompen las puertas y cargan con todo a su paso.

Alegan que los funcionarios han arremetido contra los dueños de viviendas que se rehúsan a que ingresen a sus casas y las zonas altas han quedado sin habitantes, que han huido por miedo.

Aclaran que el municipio está azotado por bandas criminales y necesitan ayuda de organismos de seguridad que coloquen tras las rejas a los verdaderos criminales.

Denuncian que ante las presuntas irregularidades que constituyen una violación de los derechos fundamentales instan al fiscal superior del estado Sucre, Danny Zambrano, y al juez rector de la entidad sucrense, Jesús Meza Díaz, para que no permitan que este tipo de hechos ocurran en la zona.

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