Maturín.- Revisión de expedientes y celeridad en el caso. Son las peticiones de las familias de los ocho detenidos por el caso Diosdado Cabello. Se trata del plan que se ejecutaría en el estado Monagas para detener al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El jueves 30 de marzo, las familias exigieron al gobernante Nicolás Maduro mirar el caso, que ya cumplió tres años. Sostienen que en la detención de los nueve hombres hubo irregularidades.
Del grupo sólo quedan ocho detenidos, pues uno murió en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín, capital del estado Monagas. De acuerdo con las familias, Gabriel Medina no recibió atención médica oportuna para una afección respiratoria.
Las personas explicaron a El Pitazo que el segundo juicio por el caso contra Cabello lleva 25 audiencias. Al mismo tiempo, aseguran que tampoco han presentado pruebas contundentes que los vinculen con el presunto plan para detener y entregar a Cabello al gobierno de Estados Unidos.
Juicio por caso Cabello acumula 47 audiencias
Por el caso Diosdado Cabello están detenidos: Luis Villarroel, Víctor Farías, José Cruz Marcano, César Belfort, Daniel Aguilera, Carlos Pérez, Enrique Parada y Francisco Marcano.
El grupo acumula 47 audiencias en dos juicios. Por el primer juicio acudieron 22 veces al Palacio de Justicia de Monagas. Por una orden superior, se reinició el proceso. Entonces, esas audiencias se anularon.
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El 9 de junio se reinició el juicio. Lo lleva el Tribunal Cuarto, mientras que la Fiscalía 16 imputó a los hombres. Les señalan los delitos de asociación para delinquir, traición a la patria, conformación de grupos armados y tráfico de armas y munición.
Esta semana, la madre de Ramón Cruz y la esposa de Enrique Parada llevaron denuncias del caso a Caracas. Se refieren a las dos fiscales y, de igual forma, en contra de los funcionarios actuantes.
Zulay Marcano, madre de Ramón Cruz, denunció que lo torturaron. “Le pusieron corriente”, dijo a medios de comunicación en Caracas. Declaró que los funcionarios que lo arrestaron le pidieron su camioneta y dinero.
Por ello y el resto de las irregularidades, las familias quieren que el gobierno de Nicolás Maduro evalúe el caso. Al mismo tiempo, sostienen que los hombres son inocentes.
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