Por: David Gómez Gamboa
El Estado venezolano ha implementado una práctica sistemática y continuada de violaciones a la libertad de asociación y los derechos laborales contra el sector universitario, lo que afecta otros derechos humanos como la salud o la seguridad social y genera graves consecuencias en el derecho a la libertad académica y a la educación superior de calidad. Esta situación se describe en detalle en el Informe de la Comisión Encuesta de la OIT de 2019 sobre Venezuela, así como en las publicaciones de la FAPUV, asociaciones profesorales, Aula Abierta, Provea y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana.
La libertad de asociación de los y las universitarias se encuentra amenazada por la injerencia en las elecciones de gobierno de los grupos asociativos de profesores universitarios del sector público. Al menos, 73% de las asociaciones profesorales encuestadas por Aula Abierta manifiestan tener los períodos de sus juntas directivas vencidos debido a los distintos obstáculos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que exige excesivos recaudos y rechaza los reglamentos electorales que de manera autónoma crearon las asociaciones.
Como expresión de la referida política de Estado contra la libertad de asociación, el gobierno ha implementado el paralelismo sindical y la exclusión por motivos políticos de los representantes universitarios legítimos de los procesos de discusión de normas colectivas.
Por ejemplo, durante la discusión de la I, II y III Convención Colectiva Única del Sector Universitario se excluyó a la FAPUV (que representa más de 40.000 profesores agremiados), y por lo menos a 14 sindicatos agrupados en la Federación de trabajadores Administrativos de la Educación Superior en Venezuela (FETRAESUV), debido a sus opiniones críticas al gobierno, en claro favorecimiento de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), alineada al proyecto socialista.
En la discusión y negociación de la IV Convención del Sector Universitario durante el 2021, nuevamente se excluyó a la FAPUV y a otros actores legítimos, según denuncias de Aula Abierta y gremios universitarios. Dicho proyecto fue desconocido por otros grupos gremiales del sector hasta el mes de junio del mismo año, cuando se instaló la negociación del IV CCU.
Este escenario no parece mejorar a corto plazo con la designación de Tibisay Lucena al frente del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, quien continúa las prácticas de violación a la libertad de asociación y sindical. El 15 de noviembre 2021 se excluyó nuevamente a la FAPUV y otros grupos gremiales de la revisión de los salarios del sector universitario establecidos en la IV CCU, llevándose a cabo únicamente entre la Ministra de Educación Universitaria y la FTUV. La propuesta salarial difundida no toma en cuenta lo establecido en el artículo 13 de las normas de homologación aún vigentes, en cuanto a los salarios de los profesores.
Esta última propuesta salarial no se adecúa a los patrones internacionales en materia laboral, manteniendo al sector universitario en una situación de pobreza extrema, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas. Los profesores universitarios en Venezuela perciben salarios que oscilan entre los USD $5,83 y USD $10,26 mensuales, equivalentes al 2% del costo de la Canasta Básica Alimentaria, aproximadamente, lo que significa que el salario permite comprar para comer sólo 2 pollos en un mes.
El Estado también ha inducido la insuficiencia presupuestaria de los servicios autónomos de la seguridad social profesoral, como el caso del Instituto de Previsión Social de la Universidad del Zulia y la centralización de los recursos de los beneficios de salud para el sector universitario, a través del órgano gubernamental SISMEU.
Estas prácticas por parte del Estado venezolano se traducen en graves vulneraciones a los derechos del sector universitario como al salario digno, la libertad de asociación, sindical y otros.
En el marco del tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Venezuela, los y las universitarias exigen que se elimine inmediatamente toda acción que discrimine y/o excluya por motivos políticos a los representantes legítimos de la discusión de asuntos del interés colectivo, o impida la realización libre de elecciones de gobierno universitario, asociativo o gremiales.
Nos hacemos eco de las preocupaciones contenidas en el pronunciamiento conjunto sobre la necesidad de superar los obstáculos contra el espacio cívico en Venezuela, el cual fue publicado el 19 de noviembre 2021 por cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas (sobre los mandatos de: 1. Lucha contra el terrorismo; 2. Libertad de opinión y expresión, 3. Reunión pacífica y de asociación; y, 4. Defensores de derechos humanos).
Los y las universitarias críticas son parte esencial de ese espacio cívico y requieren de protección especial frente a los regímenes autoritarios.
David Gómez Gamboa | @dgomezgamboa
Director de la Ong Aula Abierta / Docente y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de LUZ
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